Colombia | La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha ratificado la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión, y ha emitido una orden de captura inmediata para que cumpla su pena en un centro penitenciario del país. La decisión, adoptada el 14 de octubre y divulgada el 19 de octubre de 2026, desestimó los argumentos presentados por la defensa del exfuncionario judicial.
Además de la pena de prisión, la Corte Suprema mantuvo una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo de cinco años. El fallo establece que la Secretaría de la Sala expedirá la orden de captura contra Tarquino Gallego, quien, una vez detenido, quedará a disposición del Juzgado Sexto Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá para el cumplimiento de la sentencia.
Esta resolución es de única instancia, lo que significa que no puede ser impugnada, modificada o revocada mediante recursos ordinarios. El expediente, bajo la ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, vincula el caso con el escándalo conocido como el “cartel de la toga”. La Corte Suprema puso fin al recurso de casación presentado por la defensa, confirmando así la condena dictada inicialmente en mayo de 2023 y ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en abril de 2025.
La condena se originó en reuniones que Tarquino Gallego sostuvo en septiembre y octubre de 2014 con Alejandro Lyons, entonces gobernador de Córdoba. Lyons era investigado por su presunta participación en el cartel de la hemofilia y por irregularidades en procesos de contratación durante su administración. Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación determinaron que el exmagistrado solicitó dinero en dos de esos encuentros para facilitar contactos con personas o funcionarios que conocían detalles de los procesos contra Lyons o que podían impedir actuaciones en su contra. Tarquino Gallego había presidido la Corte Suprema de Justicia en 2011 y, aunque se había retirado en julio de 2012, mantenía relaciones con integrantes de las altas esferas judiciales.
Inicialmente, Tarquino Gallego exigió 60 millones de pesos para indagar sobre las investigaciones y consultar a personas específicas. En la cuarta y última reunión con Lyons Muskus, le advirtió que su situación judicial era “crítica”. Posteriormente, el pedido ascendió a 20.000 millones de pesos para garantizar un resultado favorable, asegurando que podía gestionar la intervención de José Leonidas Bustos Ramírez, entonces magistrado, para evitar consecuencias judiciales mediante conversaciones con funcionarios de las instancias que investigaban al exgobernador. El entonces gobernador rechazó la exigencia debido a la imposibilidad de reunir dicha suma y comunicó a su padre que no presentaría una contrapropuesta ni continuaría las conversaciones.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía indicaron que Tarquino Gallego le dijo a Lyons que conocía al fiscal encargado de su expediente y que podía persuadirlo para favorecerlo. El exgobernador era investigado por un desfalco de hasta 87.000 millones de pesos al departamento entre 2011 y 2015. La Corte estableció que la negativa de Lyons a entregar el dinero no impedía la configuración del delito de concusión, ya que la conducta se consumó con la exigencia económica realizada bajo la invocación de poder público, aunque el dinero nunca fue entregado. El alto tribunal señaló que estos hechos comprometen a la rama del poder público y advirtió que la instrumentalización de la autoridad judicial alimenta la percepción de que los resultados de los procesos pueden negociarse mediante acuerdos económicos.
Fuente: Infobae
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