Estados Unidos | Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas ha emitido una acusación sustitutiva de 13 cargos contra cinco individuos, señalados por presuntamente traficar armas de fuego al Cártel de Sinaloa. El fiscal federal Ryan Raybould anunció el lunes que la imputación, presentada el 24 de septiembre, añade un quinto acusado al caso original.
La investigación, liderada por la División de Campo de Dallas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), se inició el 25 de junio. En esa fecha, Loyd Walter Hall, también conocido como “Jamie Hall” y “James William”, junto con Jesús Quezada Meza, Omar Velásquez y Catlynn Ann Townsend, fueron acusados formalmente de conspirar para suministrar armas al cártel. La versión ampliada del documento judicial ahora incluye a Johnnie Wayne Corbett, de 42 años y residente de Amarillo, quien fue arrestado por agentes federales el 17 de octubre.
Los cargos presentados contra los cinco acusados incluyen conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, narcotráfico internacional y compra ilegal de armas mediante testaferros. Según la acusación, Hall coordinó el suministro de armas, municiones y equipo relacionado al Cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista extranjera por el Secretario de Estado de Estados Unidos.
El documento también detalla una conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación a Estados Unidos, que abarca fentanilo, heroína y cocaína. Los fiscales sostienen que la red se coordinaba con actores vinculados a cárteles para fabricar y transportar estas sustancias a través de fronteras internacionales. Adicionalmente, se les imputa el uso y posesión de armas de fuego para facilitar delitos de narcotráfico, conspiración para traficar armas de fuego a través de fronteras estatales e internacionales, y conspiración para la compra ilegal de armas mediante prestanombres que ocultaban la identidad de los verdaderos destinatarios.
El último cargo se refiere a declaraciones falsas a vendedores de armas con licencia federal. La acusación afirma que los imputados presentaron formularios ATF 4473 fraudulentos para falsear la identidad de los compradores reales y ocultar el destino final de las armas.
Hall, Quezada Meza y Velásquez permanecen bajo custodia federal. Townsend recibió una citación judicial para comparecer, mientras que Corbett también se encuentra detenido y realizó su primera comparecencia ante un juez magistrado estadounidense el lunes. Las penas varían según los cargos: Hall enfrenta una pena máxima de cadena perpetua, Quezada Meza y Velásquez hasta 15 años cada uno, y Townsend y Corbett hasta cinco años cada uno. El documento judicial enfatiza que una acusación formal es una alegación y los acusados se presumen inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario.
El fiscal Raybould declaró que los acusados “suministraron rifles de gran potencia y municiones al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas del mundo”. Subrayó que, al presentar cargos por apoyo material al terrorismo, la fiscalía busca dejar claro que armar a los cárteles representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Raybould añadió que su oficina “utilizará todos los recursos federales disponibles para desmantelar los cárteles”.
Brian Garner, agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF de Dallas, señaló que “quienes arman a los cárteles violentos contribuyen a alimentar un ciclo de derramamiento de sangre”. Precisó que, a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la agencia busca cortar el acceso de estas redes a las armas.
La investigación forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales. El HSTF de Dallas incluye agentes del FBI, DEA, ATF, HSI, USMS, IRS, Servicio de Inspección Postal y Servicio Secreto, así como el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento de Policía de Dallas y la Oficina del Sheriff del condado de Dallas. Las fiscales federales adjuntas Colleen Bloss y Marbel Muñoz están a cargo del caso.
Fuente: Infobae
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