Estados Unidos | Juan Hernández Ochoa, de 51 años y originario de México, se declaró culpable del delito de conspiración para distribuir metanfetamina y marihuana con fines de importación ilegal a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo el anuncio este martes 20 de octubre, tras un proceso que incluyó la extradición del acusado con el apoyo del Gobierno de México.
Según documentos judiciales, Hernández Ochoa operó entre 2015 y 2017 como distribuidor y transportista para diversos narcotraficantes del Cártel de Sinaloa. En el argot criminal, a quienes cumplen esta función se les conoce como “fleteros”, refiriéndose a quienes mueven carga por encargo de terceros a cambio de un pago, sin ocupar necesariamente un puesto de mando dentro de la organización. El perfil de Hernández Ochoa, según los documentos, corresponde a esta figura operativa en la logística de la organización criminal.
La sentencia de Hernández Ochoa está programada para el 2 de febrero de 2027. Enfrenta una pena máxima de cadena perpetua, que será determinada por un juez de un tribunal federal de distrito, quien considerará las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Las autoridades estadounidenses no especificaron con qué facciones del cártel habría trabajado Hernández Ochoa, más allá de identificarlo como transportista para “diversos narcotraficantes” vinculados a la organización.
Para transportar marihuana y metanfetamina desde ciudades fronterizas mexicanas hacia Estados Unidos, Hernández Ochoa empleó una red de asociados. Los métodos utilizados incluían aviones privados, mensajeros, túneles, camiones semirremolque y vehículos con compartimentos ocultos, según los documentos judiciales. Aunque el comunicado no precisó los puntos exactos de cruce, la mención a “ciudades fronterizas mexicanas” sitúa la operación en la franja entre México y Estados Unidos, una zona clave para el narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses también detallaron que el fletero coordinó el transporte de dinero en efectivo para la compra de drogas y su repatriación desde Estados Unidos hacia México después de las ventas. Esta función lo posicionó como una pieza logística dentro de la estructura financiera del Cártel de Sinaloa. Se declaró culpable de transportar cientos de kilos de metanfetamina y decenas de miles de kilos de marihuana entre ambos países durante el periodo investigado. La declaración de culpabilidad se refirió específicamente a la conspiración para distribuir 500 gramos o más de metanfetamina y mil kilogramos o más de marihuana con el propósito de importarlos a Estados Unidos, lo que agrava la pena bajo la legislación federal estadounidense.
Funcionarios estadounidenses calificaron la declaración de culpabilidad como un “duro golpe” contra el Cártel de Sinaloa. El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que Hernández Ochoa “ya no podrá enriquecerse inundando nuestras comunidades con veneno gracias a los fiscales involucrados en este caso y a la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional establecida por el presidente Trump”. Duva añadió que la declaración de culpabilidad “representa otro duro golpe para el Cártel de Sinaloa y las organizaciones criminales transnacionales que se lucran con la adicción, la violencia y la muerte”, y advirtió que “no nos detendremos hasta desmantelar estos cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia”.
La agente especial a cargo Rebecca Day, de la oficina del FBI en Phoenix, destacó que “combatir el crimen violento, desarticular las organizaciones de narcotráfico y exigir responsabilidades a individuos peligrosos como el señor Hernández Ochoa sigue siendo una prioridad absoluta”. Day señaló que la investigación “pone de relieve la misión del HSTF, que incluye perseguir a los líderes de organizaciones criminales transnacionales y desmantelar las redes de narcotráfico, dondequiera que operen”, y concluyó que su oficina “continuará trabajando con sus socios para lograr resultados reales y significativos para sus comunidades”.
La investigación del caso fue llevada a cabo por la oficina del FBI en Tucson. Los abogados litigantes Jayce Born, Michael Lang, Richard Greene y Kirk Handrich, de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, estuvieron a cargo del procesamiento. El proceso se enmarcó en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida por la Orden Ejecutiva 14159. La HSTF es una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero, con énfasis en los delitos que involucran a menores. La Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas tiene como misión eliminar el lucro del crimen, erradicar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense, emprendiendo acciones penales y de recuperación de activos contra facilitadores financieros, instituciones financieras, blanqueadores de dinero internacionales y la cúpula de las organizaciones internacionales de narcotráfico.
Fuente: Infobae
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