Guatemala | El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Guatemala en el Nivel 2 de su Informe sobre la Trata de Personas 2026, indicando que el país no cumple plenamente con los estándares mínimos para erradicar este delito. A pesar de esto, el informe destaca un aumento en las acciones de persecución, identificación de víctimas y asistencia durante 2025.
Las autoridades guatemaltecas procesaron a 81 sospechosos en 2025, un incremento respecto a los 63 del año anterior. Se iniciaron causas contra 48 acusados de trata sexual, 18 de trata laboral y 15 por otras formas de explotación. Además, se condenó a 36 tratantes, la misma cifra que en 2024, con 34 condenas por explotación sexual y dos por explotación laboral. El gobierno no detalló las penas impuestas en estos casos.
En 2025, se identificaron 837 víctimas de trata, superando las 756 de 2024. De estas, 146 fueron por explotación sexual, 542 por trata laboral y 149 por modalidades no especificadas. También se detectaron 22 extranjeros explotados en el país. Sin embargo, solo 325 de estas víctimas recibieron servicios de asistencia gubernamental, lo que representa una mejora respecto a las 124 atendidas en 2024, pero deja a la mayoría sin apoyo estatal.
El informe resalta la condena de dos exfuncionarios penitenciarios por explotación sexual dentro de cárceles. Uno recibió una pena de 13 años y cuatro meses de prisión, y el otro 21 años y cuatro meses. También se mencionan procesos contra otros agentes estatales por presunta complicidad u obstrucción de investigaciones. La corrupción de funcionarios, incluyendo policías e inspectores laborales, sigue siendo un factor que limita la respuesta estatal.
Aunque la legislación guatemalteca castiga la trata sexual y laboral con penas de entre ocho y 18 años de prisión, el informe cuestiona que la norma no exija demostrar fuerza, fraude o coacción en casos de trata de adultos. Además, muchos casos de explotación laboral aún se tramitan como incumplimientos de la legislación laboral en lugar de delitos penales.
Las investigaciones de casos de trata disminuyeron de 765 en 2024 a 369 en 2025. El gobierno atribuyó esta baja a un incidente cibernético que habría generado denuncias duplicadas en el período anterior. De los casos investigados en 2025, 117 fueron por trata sexual, 68 por trata laboral y 184 por modalidades no especificadas.
Guatemala mantiene una unidad policial especializada, una fiscalía contra la trata y cuatro juzgados con competencia en estos delitos. No obstante, organizaciones no gubernamentales y funcionarios señalan limitaciones en la capacidad para detectar e investigar casos fuera de las principales ciudades, así como falta de fondos y personal en las unidades de respuesta penal.
En cuanto a la asistencia, existen pocos servicios para víctimas adultas fuera de los refugios específicos y no hay albergues ni programas para hombres adultos. También se identifican carencias en las zonas rurales. El Estado destinó 10.41 millones de quetzales (USD 1.360.000) a programas de refugio y 4.5 millones de quetzales (USD 587.467) a una organización que ofrece atención especializada.
El país aprobó en noviembre de 2025 una ley contra las pandillas que castiga el reclutamiento o coacción de menores para delitos, pero el Departamento de Estado advierte que esta norma no incorpora medidas de protección para esos niños ni los reconoce como víctimas de trata, lo que podría llevar a su criminalización. Las víctimas menores de edad requieren una orden judicial de protección para acceder a refugios, lo que a veces demora la asistencia.
El informe también señala que, aunque los jueces ordenan restituciones económicas, Guatemala carece de un mecanismo que asegure el pago efectivo. La ley de 2009 prevé un fondo de restitución administrado por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), pero este aún no ha sido creado.
Los principales afectados por la explotación sexual y el trabajo forzoso son adultos y niños guatemaltecos, incluyendo sectores como la agricultura, talleres textiles, servicio doméstico y fábricas. También se identifican riesgos para migrantes y solicitantes de asilo que transitan por Guatemala. Las redes de tratantes utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería, avisos laborales falsos, chats y videojuegos para captar víctimas. Niños son explotados en la mendicidad y venta callejera, y mujeres y niñas en matrimonios forzados terminan bajo trabajo doméstico coercitivo.
La SVET contó con un presupuesto de 25.5 millones de quetzales (cerca de USD 3.3 millones) para actividades de prevención en 2026. En enero de 2026, Guatemala firmó un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos que incluye el compromiso de prohibir importaciones producidas mediante trabajo forzoso.
Finalmente, el informe menciona que al cierre del período analizado, unos 327 profesionales médicos vinculados al régimen cubano trabajaban en Guatemala en condiciones que los exponían a retención salarial y castigos arbitrarios. El gobierno guatemalteco canceló el acuerdo bilateral a principios de 2026, anunciando que el programa concluirá gradualmente antes de fin de año.
Fuente: Infobae
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí