Colombia | El Senado de la República aprobó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2027, que asciende a $634,9 billones. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, ahora pasará a la Cámara de Representantes para su votación definitiva. El plazo para la aprobación final del Congreso es hasta la medianoche del martes 20 de octubre.
La votación en el Senado se llevó a cabo el lunes 19 de octubre, tras una prolongada sesión de debate. El proyecto recibió 57 votos a favor y uno en contra. La bancada del Pacto Histórico se retiró antes de la votación final. La Cámara de Representantes, que entró en receso cerca de la medianoche, fue citada nuevamente para las 12:10 de la mañana.
El presupuesto propuesto supera en aproximadamente un 10% la propuesta inicial del Gobierno de Gustavo Petro y representa un incremento cercano al 14% en comparación con el presupuesto del año anterior. Los recursos se distribuirán en tres componentes principales: $393,2 billones para funcionamiento del Estado, $147 billones para el servicio de la deuda y $94,6 billones para inversión.
Durante el trámite legislativo, se realizaron modificaciones en la asignación de recursos para diversos sectores. En el sector salud, se aprobó una asignación adicional de $3 billones, provenientes de una redistribución de partidas del Ministerio de Hacienda. Para educación, se incorporaron $100.000 millones adicionales destinados a inversión. El Congreso también recibió un aumento de $100.000 millones, distribuidos equitativamente entre el Senado y la Cámara de Representantes, con $50.000 millones para cada corporación.
El Ministerio de Minas y Energía obtuvo un incremento cercano a $3 billones, elevando su partida de $7,5 billones a aproximadamente $10,51 billones. Estos fondos se destinarán a programas de subsidios de electricidad, gas por redes, gas licuado de petróleo (GLP) y transporte de combustibles líquidos en zonas fronterizas. Otros ajustes incluyen $26.500 millones adicionales para el Ministerio de Ambiente, y $100.000 millones para la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto Nacional de Vías (Invías), este último para proyectos en Santander.
Un punto de controversia fue la propuesta de reducir en $11.402 millones el presupuesto de inversión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos recursos serían trasladados al Ministerio de Defensa para cubrir indemnizaciones pendientes a familiares de miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional asesinados por las extintas Farc-EP. Esta proposición, atribuida al representante Daniel Briceño del Centro Democrático, generó debate por su impacto en la financiación de la jurisdicción transicional.
Otro aspecto discutido fue la inclusión de facultades extraordinarias para que el presidente pueda transferir excedentes de ciertas partidas presupuestales al Fondo Milagro, lo que ha generado inquietudes sobre el alcance de las atribuciones del Ejecutivo. En el Senado, 65 artículos sin proposiciones fueron votados en bloque, y cerca de 800 proposiciones adicionales fueron rechazadas en bloque.
La discusión presupuestal se enmarca en un contexto de presiones sobre las finanzas públicas. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha defendido la necesidad de reconocer las obligaciones del Estado y ajustar la distribución de los recursos. Además, el Gobierno está preparando una iniciativa de ajuste fiscal, denominada “ley de rescate”, con el objetivo de reducir el gasto público y reorganizar las finanzas estatales, la cual se tramitará de forma separada al Presupuesto General de la Nación.
Fuente: Infobae
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