Costa Rica | La presidenta Laura Fernández Delgado participó en la destrucción de 9.372 armas de fuego en el Arsenal Nacional, una actividad organizada por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública. Este procedimiento marca la primera jornada de este tipo durante la actual administración y busca renovar el equipamiento policial, liberar espacio de almacenamiento y actualizar los inventarios estatales.
El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, los viceministros Nelson Barquero, Gerardo Castaing y Carolina Castro, así como directores de cuerpos policiales, acompañaron a la mandataria en el evento. El Ministerio de Seguridad Pública informó que la mayoría de las armas destruidas eran propiedad del Estado, encontrándose en desuso, en malas condiciones o consideradas obsoletas para las operaciones actuales. Una porción de las armas eliminadas había sido decomisada y contaba con las resoluciones judiciales necesarias para su destrucción.
Esta iniciativa forma parte de un plan gubernamental para modernizar el equipamiento de los cuerpos policiales. El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que se está gestionando una nueva compra de armas de fuego para los oficiales, con el fin de reemplazar armamento antiguo o deteriorado que ya no cumple con los requisitos operativos. La destrucción de las armas actuales permitirá liberar espacio en el Arsenal Nacional, facilitando la recepción del nuevo equipamiento.
Además de la reorganización interna, la destrucción de este armamento tiene implicaciones en el control de los inventarios de las empresas de seguridad privada. La Dirección General de Armamento explicó que la legislación establece que el inventario permitido para estas empresas corresponde al 1% del arsenal estatal. Por lo tanto, mantener registros actualizados es crucial para verificar el cumplimiento de la normativa y fortalecer la fiscalización sobre la tenencia de armamento.
A pesar de esta jornada, las autoridades indicaron que aún quedan 12.694 armas de fuego pendientes de destrucción en la bodega de evidencias judiciales. De estas, 11.084 son armas cortas y 1.610 son armas largas. El Ministerio de Seguridad Pública enfatizó la necesidad de agilizar la coordinación con fiscalías y juzgados para completar los trámites legales que permitan la disposición final de estas armas, especialmente aquellas vinculadas a procesos judiciales donde han sido utilizadas como evidencia.
Fuente: Infobae
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