Nicaragua | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió 129 medidas cautelares entre 2018 y agosto de 2022, con el objetivo de proteger la vida e integridad de más de 280 personas afectadas por la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Durante el mismo periodo, la CIDH recibió 525 solicitudes de medidas cautelares y solicitó tres medidas provisionales, además de ocho ampliaciones, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estos datos se desprenden del octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el cual analiza las respuestas internacionales a las denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y otros abusos ocurridos desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018. El organismo también recibió más de 399 peticiones por posibles violaciones de derechos humanos y abrió a trámite 58 casos.
La CIDH fue uno de los primeros organismos internacionales en visitar Nicaragua en mayo de 2018, tras una invitación estatal. En sus observaciones preliminares, la Comisión alertó sobre el uso excesivo de la fuerza, muertes, personas lesionadas, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, malos tratos y ataques a la libertad de expresión. En junio de ese año, la CIDH publicó un informe que concluyó la vulneración de derechos como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad individual, la reunión, la expresión y el acceso a la justicia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también realizó una visita, y su informe, que abarcó los hechos entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018, documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y restricciones a las libertades de opinión, expresión y reunión pacífica. Según el informe del Observatorio, el Estado nicaragüense retiró la invitación a la Oficina del Alto Comisionado tras la presentación de estas conclusiones, y también se recuerda la salida del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI, establecido para colaborar en las investigaciones de los hechos desde el inicio de las protestas, presentó su informe fuera de Nicaragua después de que las autoridades solicitaran su salida del país junto con el MESENI. El GIEI concluyó que existían elementos para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad. La sistematización del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más indica que la salida de estos mecanismos limitó la verificación directa de las denuncias dentro del territorio nicaragüense.
A pesar de estas limitaciones, organismos internacionales continuaron emitiendo informes, solicitando información y activando medidas de protección para personas detenidas, periodistas, opositores, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas. La CIDH publicó reportes sobre personas privadas de libertad, desplazamiento forzado y concentración de poder, abordando, entre otros temas, las condiciones de reclusión y las restricciones a las garantías judiciales.
El Colectivo presentó 52 solicitudes de protección ante el Sistema Interamericano, de las cuales siete correspondían a medidas provisionales ante la Corte Interamericana. La Corte ordenó medidas para proteger a personas privadas de libertad por razones políticas y a sus núcleos familiares, incluyendo la protección de la vida, la integridad, la salud, la alimentación y la libertad de los beneficiarios. En octubre de 2022, el tribunal requirió la liberación inmediata de 45 personas detenidas en ocho centros de reclusión, considerando las condiciones de detención, la falta de atención médica y el deterioro de la salud física y mental denunciados. El informe sostiene que el Estado no cumplió plenamente estas decisiones y que las medidas internacionales también incluyeron requerimientos para proteger a familiares y representantes de posibles represalias.
Los comités de la ONU también expresaron preocupación. El Comité de Derechos Humanos recomendó investigaciones rápidas, exhaustivas, eficaces, independientes e imparciales sobre denuncias de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia, incluyendo la aplicación del Protocolo de Estambul y medidas de reparación para las víctimas. El Comité contra la Tortura examinó la situación de Nicaragua en 2022, señalando que el Estado no presentó respuestas a la lista de cuestiones ni envió una delegación al proceso de revisión. Este Comité recibió información sobre torturas y malos tratos en centros como el Chipote Viejo, el Chipote Nuevo, La Modelo y La Esperanza, con denuncias de aislamiento, hacinamiento, falta de ventilación, limitaciones de acceso al agua, falta de atención médica, violencia sexual y requisas invasivas contra familiares mujeres.
Una visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura, prevista para 2023, fue anulada debido a la falta de cooperación estatal. Nicaragua ratificó en 2009 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que contempla la supervisión internacional de lugares de detención y la existencia de un mecanismo nacional de prevención independiente. Tras cancelar la visita, el Subcomité publicó el informe de una misión realizada en 2014, que había permanecido confidencial. Para el Observatorio, la falta de cooperación limitó la verificación de las condiciones de las personas privadas de libertad y las denuncias de tortura.
En el ámbito de las sanciones, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza impusieron medidas contra más de 60 funcionarios y autoridades nicaragüenses, así como instituciones como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio Público y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. Estados Unidos también sancionó a 23 jueces y fiscales por acusaciones de participación en causas contra opositores y afectaciones a instituciones democráticas. Según el Colectivo, estas sanciones no tuvieron consecuencias directas dentro de Nicaragua, concentrándose sus efectos en restricciones de ingreso a determinados países, congelamiento de bienes y limitaciones para realizar operaciones financieras internacionales.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó en marzo de 2022 el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), cuyo mandato fue renovado por dos años en abril de 2023. El GHREN tiene el encargo de investigar abusos y violaciones cometidos desde abril de 2018, preservar pruebas, analizar información e identificar responsables. Su primer informe concluyó que había motivos razonables para considerar que las violaciones y abusos fueron cometidos de manera generalizada y sistemática por razones políticas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, persecución, deportaciones y privaciones arbitrarias de nacionalidad. El GHREN indicó que no recibió cooperación de las autoridades nicaragüenses, no pudo ingresar al país ni obtener la documentación oficial solicitada, pero entrevistó a víctimas en el exilio y reunió información de fuentes dentro de Nicaragua a través de canales seguros y confidenciales.
El informe del Colectivo incluye un análisis sobre las vías para investigar casos de tortura y otros malos tratos en el futuro, señalando que, en las condiciones actuales, no existen posibilidades de una judicialización interna efectiva. Se plantea la necesidad de preservar testimonios, expedientes médicos, fotografías, videos, documentos judiciales y registros administrativos, así como información sobre órdenes, cadenas de mando, estructuras institucionales y posibles mecanismos de encubrimiento. El análisis sugiere que los casos podrían estudiarse como parte de una posible criminalidad de sistema, examinando la relación entre autores materiales, quienes habrían ordenado o facilitado los hechos y las instituciones involucradas. El documento menciona la jurisdicción universal como una eventual alternativa para investigar crímenes internacionales cuando no existen procesos efectivos en el país donde habrían ocurrido, aludiendo a la investigación abierta en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad contra funcionarios nicaragüenses. Para el Observatorio, la conservación de pruebas puede ser relevante para futuros procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Fuente: Infobae
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