Colombia | La Contraloría de Bogotá ha ratificado en segunda instancia un fallo de responsabilidad fiscal por más de 36.400 millones de pesos, debido a graves irregularidades en la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo. La obra, que permanece inconclusa y abandonada, no ha cumplido su propósito institucional ni presta servicio a la ciudadanía.
La decisión, consignada en un auto administrativo del 13 de octubre de 2026, establece que la edificación no cumple con el fin para el que fue contratada. Un informe técnico de la entidad reveló fallas en los sistemas de comunicaciones, logística y seguridad industrial, así como la omisión en la construcción de baños públicos y presuntos daños a propiedades vecinas.
El daño fiscal se calculó sumando el valor invertido en la obra, el pago del contrato de interventoría, los estudios de consultoría posteriores y los cánones de arrendamiento que la Alcaldía de Teusaquillo ha tenido que seguir pagando por sedes temporales. Arístides Herrera, director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, señaló que la obra de más de 36.400 millones de pesos quedó inconclusa y no presta el servicio para el que fue contratada, afectando el funcionamiento de la alcaldía y la atención a los ciudadanos.
La Contraloría de Bogotá ha dispuesto el envío de copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones penales correspondientes. El proyecto de infraestructura se formalizó con el contrato de obra 088 de 2016, suscrito con el Consorcio JR Sede por 22.298 millones de pesos, y la interventoría técnica fue asignada a la empresa Velnec GNG en 2017.
La estructura, un edificio de 13 pisos y 3 niveles de sótano ubicado en la carrera 30 con calle 40A, inició su construcción en 2017 con una fecha de entrega prevista para principios de 2019. Aunque se concedieron adiciones de tiempo hasta 2021, los trabajos se paralizaron completamente en 2020 debido a dictámenes periciales que evidenciaron inconsistencias técnicas e inundaciones en los sótanos por estancamiento de agua.
Los organismos de fiscalización determinaron que la falta de controles efectivos en la supervisión del contrato impidió detectar las fallas operativas a tiempo, lo que llevó a la paralización progresiva de la edificación. Para intentar rescatar la estructura, las autoridades locales liberaron cerca de 7.000 millones de pesos de una etapa anterior del proyecto y solicitaron a la administración distrital más de 8.000 millones de pesos adicionales.
Sin embargo, un estudio de consultoría posterior indicó que finalizar la sede administrativa y dejarla operativa requeriría un presupuesto adicional estimado en 16.000 millones de pesos. El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, realizó una inspección a las instalaciones y anunció la creación de una mesa de seguimiento permanente con las entidades involucradas. A pesar de las gestiones administrativas para conseguir recursos, la falta de avance real en la construcción llevó a la Contraloría a cerrar la vía fiscal con la confirmación de la responsabilidad sobre los contratistas e interventores.
Fuente: Infobae
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