Colombia | El representante a la Cámara por Bogotá, David Cote Rodríguez, del Centro Democrático, junto al ciudadano Daniel Páez Mancera, presentó el martes 20 de octubre de 2026 una solicitud formal ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El objetivo es que las autoridades estadounidenses investiguen presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos que, según la petición, involucrarían a Verónica Alcocer, ex primera dama de la Nación.
La solicitud fue dirigida a Hugo Guevara, encargado de negocios de la Embajada, con el fin de que la información sea remitida a diversas entidades estadounidenses. Entre los organismos mencionados se encuentran el Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El documento se basa principalmente en las declaraciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial, quien afirmó que Alcocer habría utilizado aeronaves oficiales para transportar sustancias ilícitas. Según el escrito de Cote y Páez, Ferrer ratificó estas declaraciones el 15 de octubre de 2026 ante la Procuraduría General de la Nación, señalando que Alcocer presuntamente trasladó sustancias ilícitas a Venezuela y que, en un viaje de regreso en enero de 2023, habría ingresado aproximadamente 2,5 millones de dólares en efectivo.
Asimismo, los denunciantes incorporaron las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien respaldó aspectos del relato de Ferrer y sostuvo que el entonces presidente Gustavo Petro tenía conocimiento de las acciones atribuidas a su expareja.
Alcocer, por su parte, reconoció haber viajado a Venezuela en la fecha mencionada y haberse reunido con funcionarios de la entonces dictadura venezolana, pero negó los señalamientos en su contra. En una entrevista con Noticias RCN, la ex primera dama calificó las versiones como “una cosa construida, fantasiosa, mentirosa” que busca “dañarme el nombre”.
La petición ante la embajada estadounidense argumenta que los hechos descritos podrían configurar delitos transnacionales, al involucrar presuntos movimientos de dinero en dólares fuera de los controles del sistema financiero y una ruta entre Colombia y Venezuela. Los firmantes también mencionaron la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera por parte del Departamento de Estado estadounidense y la inclusión de Alcocer, desde el 24 de octubre de 2025, en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Ofac, bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con el tráfico ilícito de drogas.
Cote y Páez solicitaron que la embajada remita la información al fiscal general de Estados Unidos y a la DEA por los presuntos hechos de narcotráfico; al Departamento de Seguridad Nacional, a través de HSI, por el posible ingreso de dólares en efectivo y su eventual relación con el lavado de activos; y al Departamento del Tesoro, mediante la Ofac, para que valore los datos en el marco de la designación vigente de Alcocer. También pidieron trasladar la información a la CIA, debido a la presunta relación de los hechos con la ruta venezolana y con estructuras señaladas como organizaciones terroristas extranjeras.
Adicionalmente, solicitaron que se reciban las declaraciones y pruebas que puedan aportar Ferrer, Rodríguez y otras personas con conocimiento de los acontecimientos, pidiendo que las actuaciones se adelanten con prontitud. Los firmantes expresaron su disposición a entregar información adicional.
Como fundamento jurídico, la petición cita el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988; los artículos 3 y 27 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el artículo 48 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Otro argumento expuesto por los solicitantes se refiere a las condiciones para investigar los hechos en Colombia. El documento cuestiona la actuación de la Fiscalía General de la Nación, mencionando el caso de corrupción en la Ungrd como ejemplo, donde, según los solicitantes, el ente acusador tenía pruebas relacionadas con la presunta entrega de dinero desde 2024, pero no habrían sido remitidas a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En este contexto, los solicitantes sostienen que las autoridades estadounidenses ofrecerían garantías de independencia para evaluar los hechos denunciados.
Fuente: Infobae
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