Estados Unidos | Nicolás Maduro, de 63 años, se ha convertido en uno de los pocos individuos en la historia judicial de Estados Unidos en ser acusado de violar una ley federal que penaliza actos de tortura cometidos fuera del país. Esta acusación ampliada se suma a los cargos previos por narcotráfico que ya pesaban sobre el ex dictador venezolano y su esposa, Cilia Flores, de 70 años.
Maduro y Flores se declararon no culpables la semana pasada ante la acusación que los señala de conspirar para torturar a opositores políticos con el fin de mantenerse en el poder. El juicio está programado para junio de 2027. Ambos fueron capturados en enero durante un operativo militar estadounidense en Caracas, ordenado por el entonces presidente Donald Trump, y trasladados a Nueva York.
La ley de 1994, que criminaliza los actos de tortura, define este delito como la infligir dolor físico o mental severo a una persona bajo custodia. Maduro y Flores son la séptima y octava persona identificada por Reuters en ser acusada bajo esta norma. Hasta la fecha, solo cuatro personas han sido condenadas bajo este estatuto, incluyendo integrantes de fuerzas paramilitares de Liberia y Gambia, el jefe de una prisión siria y un ciudadano estadounidense.
Michel Paradis, socio del estudio jurídico Steptoe, calificó el caso de Maduro como “histórico”, ya que representa la primera vez que Estados Unidos procesa a un jefe de Estado por presuntamente autorizar el uso de la tortura en su propio país. Los cargos por tortura implican un cambio en el enfoque del proceso, colocando los presuntos abusos a los derechos humanos ocurridos durante los 13 años de gobierno de Maduro en el centro del juicio, además de los cargos por abuso de poder para beneficiar a narcotraficantes.
Expertos legales consultados por Reuters sugieren que el cargo de tortura podría fortalecer la posición de la fiscalía al permitirle construir un relato más amplio sobre cómo Maduro habría recurrido a distintos delitos para mantenerse en el poder. Artie McConnell, exfiscal federal especializado en seguridad nacional, afirmó que esta acusación “coloca estos elementos de tortura y represión política en el centro de la teoría del Gobierno”.
La nueva acusación es más detallada que la anterior, incluyendo descripciones específicas de presuntas víctimas e incidentes. Uno de los episodios citados en el expediente ocurrió en 2018, cuando, según los fiscales, oficiales militares venezolanos golpearon a un detenido con un machete y lo rociaron con un irritante químico durante un interrogatorio. Shane Stansbury, exfiscal federal en Manhattan, estimó que el testimonio de las presuntas víctimas de tortura podría ser contundente ante el jurado, especialmente porque tres de ellas son ciudadanos estadounidenses.
Un juicio centrado únicamente en cargos de narcotráfico habría dependido en gran medida de testigos cooperantes que pudieron haber participado en los propios delitos, un perfil que suele ser cuestionado por las defensas. Sin embargo, estos testigos seguirán siendo determinantes para vincular a Maduro y Flores con los hechos de tortura, según los expertos. Kevin Sullivan, fiscal de la oficina federal de Manhattan, confirmó en una audiencia judicial el 8 de octubre que testigos cooperantes declararán sobre la presunta participación de Maduro y Flores en la conspiración para torturar opositores.
La ley de 1994 fue aprobada por el Congreso estadounidense para cumplir con las obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Cada cargo de tortura prevé penas de hasta 20 años de prisión, o cadena perpetua e incluso pena de muerte si la víctima fallece. Sin embargo, Maduro y Flores no son elegibles para la pena de muerte, ya que están acusados de conspiración para torturar, no de haber cometido los actos directamente. La ley estadounidense solo permite presentar cargos de tortura contra ciudadanos del país o personas que se encuentren físicamente en territorio estadounidense, condición que se cumplió tras su traslado a Nueva York.
En cuanto a antecedentes, no todos los procesos por tortura impulsados por Estados Unidos han terminado en condena. Por ejemplo, Sulejman Mujagic fue extraditado a Bosnia para ser juzgado allí, y Sead Miljkovic fue declarado no culpable por un jurado en Tennessee en 2025, aunque luego se declaró culpable de fraude de pasaporte. Bryan Hoss, abogado de Miljkovic, señaló que los relatos de las presuntas víctimas variaron con el tiempo, debilitando su credibilidad. Sin embargo, Hoss concluyó que en el juicio contra Maduro, “el hecho de que estos cargos se presenten contra el expresidente de un país permite a la gente entenderlo un poco mejor”.
Los abogados de Maduro no respondieron a los pedidos de comentario de Reuters. Por su parte, Mark Donnelly y Andres Sanchez, defensores de Flores, declararon que ella es “completamente inocente” de todos los cargos y anticiparon que revisarán una moción previa para desestimar la acusación con base en la inmunidad soberana, en función de las nuevas imputaciones. Un vocero de la fiscalía federal de Manhattan declinó hacer comentarios.
Fuente: Infobae
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