Costa Rica | El lunes 26 de octubre de 2026, Costa Rica comenzará el traslado de privados de libertad a su nuevo Centro de Alta Contención (CACO), una instalación penitenciaria de máxima seguridad. Este centro es parte de la estrategia del Gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado para combatir el crimen organizado y fortalecer el control en las cárceles.
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, confirmó que los primeros reclusos en ingresar al CACO serán aquellos implicados en el homicidio del oficial Gerson Rosales, siguiendo una instrucción de la presidenta Fernández. Posteriormente, se trasladarán otras personas que actualmente se encuentran en regímenes de alta contención dentro del sistema penitenciario nacional.
La presidenta Fernández explicó que la puesta en marcha del CACO también busca aliviar la congestión en las cárceles existentes, especialmente en las instalaciones de La Reforma. Durante su intervención, la mandataria consultó al ministro sobre el cronograma de ocupación del centro y el uso de los nuevos módulos, a lo que Aguilar respondió que el traslado será progresivo.
Este anuncio marca el inicio de la fase operativa de una infraestructura que el Ejecutivo considera crucial para mejorar la administración penitenciaria y limitar la capacidad de operación de organizaciones criminales desde los centros de reclusión.
Otro punto abordado fue el funcionamiento interno del nuevo establecimiento. La presidenta Fernández, tras una reciente visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, solicitó al ministro de Justicia que presente públicamente los protocolos que regirán las operaciones del CACO. La mandataria enfatizó la importancia de la transparencia para evitar suposiciones o desinformación, y el ministro Gerald Campos se comprometió a detallar estos protocolos en una futura comparecencia.
Fernández también se refirió a su experiencia en el CECOT, destacando que la crisis de violencia en El Salvador debe servir como advertencia para Costa Rica. Afirmó que el país aún tiene la oportunidad de evitar que el crimen organizado alcance niveles similares de expansión. La presidenta señaló que el centro salvadoreño alberga aproximadamente 21,000 privados de libertad, muchos de ellos vinculados con múltiples asesinatos, y urgió a las instituciones nacionales a actuar con vehemencia y priorización para evitar un deterioro de la seguridad en Costa Rica.
Fuente: Infobae
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