Nicaragua | Un informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura ha documentado que al menos 17 personas fueron torturadas en centros clandestinos o irregulares de detención entre mayo de 2018 y agosto de 2019. Estos lugares, identificados en municipios como Jinotepe, Diriamba, Sébaco, Poneloya, Masaya, Managua, León y Matagalpa, funcionaron durante el período de mayor represión posterior a las protestas de 2018.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que colaboró en la investigación, detalló que las víctimas fueron trasladadas a casas particulares, inmuebles vinculados con estructuras partidarias o instalaciones municipales. Los testimonios describen que las capturas fueron realizadas principalmente por agentes paraestatales vestidos de civil, encapuchados y armados, quienes trasladaban a las personas con los ojos cubiertos o la cabeza forzada hacia el suelo de los vehículos.
En estos centros clandestinos, las denuncias incluyen golpizas, hambre, sed, interrogatorios violentos, desnudez forzada, quemaduras con cigarrillos, suspensión del cuerpo y violencia sexual. El informe sugiere que estos espacios fueron utilizados para infligir daño en períodos breves y bajo condiciones de aislamiento. Trece de las 17 víctimas también pasaron por estaciones policiales, lo que, según el informe, refuerza la hipótesis de una articulación entre las detenciones irregulares y la reclusión en instalaciones estatales. Algunas víctimas afirmaron haber escuchado gritos, golpes y pedidos de auxilio de otras personas detenidas, e incluso hechos que les hicieron pensar en ejecuciones.
El Observatorio también documentó 89 casos de tortura o tratos crueles en el antiguo edificio de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como Chipote Viejo, entre abril de 2018 y febrero de 2019. Las víctimas describieron celdas pequeñas, oscuras, húmedas, sin ventilación y con escaso acceso a servicios sanitarios. Las prácticas denunciadas en este centro incluyeron desnudez forzada, fotografías, interrogatorios y golpes al ingreso, así como aislamiento prolongado, quemaduras, descargas eléctricas, asfixia, desprendimiento de uñas y violación sexual. El Chipote Viejo fue cerrado en febrero de 2019.
Posteriormente, en el Chipote Nuevo, se documentaron 36 personas recluidas entre 2019 y 2022. Aquí continuaron prácticas como desnudez forzada, requisas, sentadillas obligadas, interrogatorios constantes y la asignación de códigos en lugar de nombres. Las víctimas y sus familiares denunciaron luces encendidas las 24 horas, falta de ventilación, interrupción del sueño, restricción de visitas y privación de alimentos y medicamentos. El informe señala que, desde 2021, aumentaron las prácticas dirigidas a deteriorar la salud mental, como interrogatorios casi diarios, amenazas contra familiares e inducción al suicidio.
Además de los centros Chipote, el Observatorio identificó 111 personas recluidas en estaciones policiales de 29 municipios de 14 departamentos. Las denuncias en estos lugares incluyeron golpizas, amenazas, privación de comida y agua, aislamiento, desnudez forzada y falta de información a las familias. La estación policial de Masaya fue señalada por actos de mayor intensidad, como desprendimiento de uñas, quemaduras, suspensión del cuerpo, amenazas con armas y violaciones sexuales.
El Centro Penitenciario Jorge Navarro (La Modelo) y el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad (La 300) también fueron señalados por torturas y condiciones inhumanas entre 2018 y 2023. Las denuncias mencionan hacinamiento, comida contaminada, acceso limitado al agua, golpizas, requisas violentas y aislamiento. En La Modelo, se reportaron agresiones de reos comunes bajo tolerancia o instigación de custodios. La 300 fue descrita con celdas reducidas, poca ventilación y restricciones a la lectura, alimentación y visitas, lo que llevó a problemas de salud física y emocional.
En el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (La Esperanza), se documentaron denuncias de mujeres detenidas entre 2018 y 2022. Las presas políticas fueron aisladas, con restricciones a libros, papel, productos de higiene y comunicación. También reportaron requisas, insultos, amenazas y agresiones físicas, algunas por parte de funcionarias o reclusas comunes bajo estímulo de las custodias.
El Observatorio identificó a 156 presuntos perpetradores, la mayoría señalados por más de una víctima. La Policía Nacional concentró 69 presuntos responsables, seguida por el Sistema Penitenciario Nacional con 24 funcionarios. También se mencionan funcionarios municipales, integrantes de la Juventud Sandinista, miembros de estructuras partidarias del Frente Sandinista, agentes paraestatales y trabajadores de otras instituciones del Estado. El Colectivo atribuye la responsabilidad máxima de esta estructura a la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las torturas dejaron secuelas físicas como lesiones, fracturas, infecciones, pérdida de peso y trastornos del sueño, así como secuelas emocionales como depresión, ansiedad, estrés, insomnio, pesadillas y pensamientos suicidas. El informe destaca que 119 de las 158 personas documentadas se exiliaron debido al asedio y el temor a nuevas detenciones.
Finalmente, el informe aborda la expulsión de 222 personas privadas de libertad hacia Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, y la desnaturalización de otras 94 personas el 15 de febrero de 2023, sumando 317 personas privadas de su nacionalidad. Esta medida, considerada una forma adicional de castigo, fue acompañada por confiscaciones de bienes y dificultades para mantener vínculos familiares y laborales. El Observatorio concluyó que las detenciones, torturas, secuelas en la salud, exilio y privación de nacionalidad formaron parte de una política de castigo que se extendió más allá de los centros de reclusión.
Fuente: Infobae
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