México | La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, ha generado preocupación entre expertos que señalan su posible inconstitucionalidad debido a las facultades que otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca reducir el uso de efectivo en actividades productivas y comerciales para aumentar la trazabilidad de las operaciones financieras y facilitar la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Fue aprobada en lo general y en lo particular el 6 de octubre.
El punto central de la controversia radica en la facultad concedida a la SHCP, a cargo de Édgar Amador Zamora, para definir los sectores y actividades económicas en los que los establecimientos y negocios deberán aceptar únicamente pagos digitales. Según un análisis de Ron Snipeliski y Alfredo Uruchurtu, de la consultoría Uruchurtu&Snipeliski, esta atribución debería corresponder al Congreso y no a una autoridad administrativa.
Los analistas argumentan que prohibir el uso de efectivo restringiría la libertad de comercio, protegida por el artículo 5 de la Constitución. Además, señalan que el proyecto de ley carece de claridad al no definir los sectores afectados, los montos a partir de los cuales se exigirían pagos digitales, ni los criterios y condiciones para aplicar la medida. Esto contrasta con otras legislaciones, como la Ley Antilavado, que sí especifica estos elementos.
Entre los puntos que los expertos consideran inconstitucionales se encuentran:
* La atribución al Congreso, no a la SHCP, para decidir los sectores afectados, ya que prohibir el uso de efectivo restringe la libertad de comercio.
* La falta de definición en la ley de actividades, operaciones o montos específicos para la aplicación de pagos digitales, dejando la decisión a la discreción de la SHCP.
* La desproporcionalidad de la medida al no establecer montos mínimos, lo que podría hacer obligatorio el pago digital para cualquier operación, afectando a personas sin acceso a servicios bancarios o conectividad.
* La incertidumbre jurídica generada por la excepción de “contingencia”, al no especificar quién la declara, verifica o cómo se prueba.
* La ausencia de reglas claras de supervisión y sanción en la ley, elementos que, según los expertos, deberían estar establecidos en una ley y no en regulaciones administrativas.
Los expertos advierten que la ley no define quién vigilará su cumplimiento ni qué ocurrirá en caso de incumplimiento, ni las excepciones para situaciones de “contingencia”. Un documento compartido por los analistas indica que “lo relevante será la lista de sectores y actividades que publique la SHCP, así como las reglas que emita cada autoridad sectorial. A partir de esos actos se sabrá con precisión a quién afecta, desde cuándo y en qué condiciones”.
Adicionalmente, diversos sectores han expresado preocupación por las presiones que la nueva norma podría generar en los ingresos de pequeños negocios, como misceláneas, tiendas de la esquina y Pymes. Luis Antonio Andrade León, de la Comisión Técnica de Precios de Transferencia del Colegio de la Contaduría Pública de México (CCPM), destacó que estos negocios, que operan con flujos de efectivo reducidos, tendrían que destinar recursos para ajustarse al nuevo esquema, sumando los costos de las comisiones bancarias y de las empresas operadoras de terminales de pago. Andrade León explicó que el efectivo no tiene comisión, y que las comisiones bancarias “resultan ser importantes cuando los márgenes son limitados”.
Con la Ley de Economía Digital ya aprobada, los expertos consideran que será complicado que sufra modificaciones para abordar las preocupaciones de inconstitucionalidad.
Fuente: Infobae
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