Perú | El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha declarado infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, confirmando que la medida coercitiva se mantendrá vigente hasta marzo de 2027. El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria rechazó la solicitud de la defensa de sustituir la prisión preventiva por una comparecencia.
Castillo Terrones es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión simple en perjuicio del Estado. La Fiscalía lo acusa de haber liderado una estructura criminal que, supuestamente, operó desde la presidencia para controlar entidades públicas clave.
La prisión preventiva inicial contra el expresidente fue dictada en marzo de 2023 por un periodo de 36 meses. En febrero de este año, el Ministerio Público solicitó una extensión de 12 meses adicionales, la cual fue aceptada por el juzgado y ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. La audiencia de revisión de oficio se programó seis meses después de la imposición de la medida, conforme lo exige el Código Procesal Penal.
Según la tesis fiscal, Castillo habría utilizado su cargo presidencial para designar a personas de su confianza en puestos estratégicos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se menciona la recomendación de Jenin Abel Cabrera Fernández, miembro del denominado “buró político” de la organización, para la designación de Geiner Alvarado López como ministro. Desde ese cargo, se habría facilitado la entrada de funcionarios afines, como Salatiel Marrufo Alcántara y Durich Francisco Whittembury Talledo.
El expediente también vincula al expresidente con un presunto esquema de colusión en Petroperú, relacionado con la adquisición de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. La Fiscalía ha identificado irregularidades que habrían beneficiado a esta firma, incluyendo un aumento injustificado en el volumen de compra de 225 mil a 280 mil barriles y el incumplimiento de los manuales internos de contratación, lo que habría causado un perjuicio económico de 2.342.349,54 dólares a la empresa estatal.
La Fiscalía argumentó que no existen nuevos elementos que desvirtúen los fundamentos de la prisión preventiva y su prolongación. Por el contrario, las declaraciones testimoniales, pericias y documentos incautados posteriormente, según el Ministerio Público, refuerzan la imputación. Se enfatizó que el peligro de fuga y de obstaculización de la justicia persisten, ya que no se han modificado las condiciones que motivaron la decisión inicial. El juzgado coincidió con esta postura, concluyendo que no se acreditó el desvanecimiento de los presupuestos que justificaron la medida.
Además de esta medida, Pedro Castillo cumple una sentencia de primera instancia de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, derivada del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La defensa de Castillo ha apelado esta condena ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, aunque el tribunal aún no ha calificado el recurso. Otros condenados en este caso incluyen a la expremier Betssy Chávez, los exministros Aníbal Torres y Willy Huerta.
Fuente: Infobae
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