Costa Rica | Una propuesta para reducir el curso lectivo de 200 a 176 días ha generado alertas entre transportistas estudiantiles y especialistas en educación, quienes advierten sobre posibles consecuencias para la alimentación de miles de niños, la protección de menores y la economía de negocios que dependen de la actividad escolar.
La Asociación de Transportistas ATRAE SOS ha manifestado su preocupación, señalando que una decisión de esta naturaleza tendría repercusiones más allá del sistema educativo. Según estimaciones preliminares de la organización, algunas empresas de transporte estudiantil podrían enfrentar pérdidas de hasta ₡10 millones (USD 22 mil), dependiendo de su tamaño y cantidad de unidades. El sector enfatiza que, a pesar de la disminución de días de servicio, los empresarios deben seguir cubriendo obligaciones como salarios, cargas sociales, préstamos, seguros y mantenimiento de vehículos.
Alexander Rojas, presidente de ATRAE, destacó que la preocupación va más allá del sector económico, afectando a miles de familias y estudiantes. Insistió en la necesidad de evaluar las consecuencias sobre la educación, la alimentación y las fuentes de empleo relacionadas con el funcionamiento de escuelas y colegios.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la continuidad de la alimentación para estudiantes de familias vulnerables. Cifras del Ministerio de Educación Pública (MEP) citadas por la asociación indican que, en el curso lectivo de 2025, el programa de alimentación escolar benefició a 789.160 estudiantes en 4.560 centros educativos. Sin embargo, durante las vacaciones de medio año de ese mismo período, el MEP anunció la apertura de solo 226 comedores escolares para atender a 15.876 estudiantes. ATRAE solicita conocer las medidas para garantizar la alimentación de los estudiantes si se reduce el calendario.
Las preocupaciones también abarcan el rendimiento académico. Los resultados de las pruebas PISA 2022 mostraron que solo el 28% de los estudiantes alcanzó el nivel básico en Matemáticas y el 47% en Lectura. Especialistas citados por la asociación consideran que estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer la calidad educativa y analizar cómo se aprovecharía el tiempo en las aulas.
Otro aspecto señalado es la función de protección que cumplen las escuelas y colegios. Datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) indican que en 2025 se recibieron 96.694 denuncias por presuntas vulneraciones de derechos de menores. Rocío Solís, especialista en niñez y adolescencia y exviceministra de Educación, advirtió que las condiciones familiares actuales deben considerarse, ya que muchos padres trabajan fuera del hogar y los centros educativos representan espacios de seguridad para menores expuestos a violencia, negligencia o abandono.
La eventual reducción de clases también tendría repercusiones económicas en establecimientos que dependen del movimiento estudiantil, como sodas escolares, pulperías, panaderías, fotocopiadoras, proveedores de alimentos, librerías, zapaterías y tiendas de uniformes. La asociación señala que esto podría modificar la demanda de productos y servicios, afectar la planificación comercial y reducir los ingresos de algunos negocios, aunque el impacto dependería de las características de cada actividad económica.
Alexander Rojas reiteró que lo importante no es solo la cantidad de días en el calendario, sino cuánto aprenden los estudiantes, y que el país debe fortalecer la educación considerando las consecuencias sociales y económicas de una modificación del calendario escolar.
La iniciativa de reducir el curso lectivo es impulsada por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro). La propuesta plantea que las clases se desarrollen entre el 1.º de marzo y el 30 de noviembre, con un máximo de 176 días efectivos de lecciones. El objetivo es que los docentes dediquen las jornadas de enseñanza exclusivamente a los estudiantes, mientras que actividades como capacitaciones, planificación, evaluaciones y labores administrativas se realicen en períodos separados, sin interrumpir las clases. La propuesta contempla mantener 200 días laborales para los educadores, con una distribución diferente de sus funciones. El Ministerio de Educación Pública (MEP) analiza modificaciones al calendario de 2027 para mejorar los aprendizajes y fortalecer la formación docente, pero aún no ha confirmado la aplicación definitiva de una reducción a 176 días de clases.
Fuente: Infobae
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