Argentina | Este viernes se inició el juicio oral por supuesto lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces, que se tramitarán de forma conjunta. Entre los acusados se encuentran la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner, y los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.
El proceso judicial busca determinar si la familia Kirchner y los empresarios establecieron un esquema de beneficios en la obra pública y retención indebida de impuestos, que luego retornaron al patrimonio de los Kirchner a través de alquileres de hoteles y propiedades. Cristina Kirchner y Máximo Kirchner participan en el juicio de manera virtual, a través de Zoom.
La causa Hotesur-Los Sauces es considerada clave y se relaciona con otros expedientes judiciales. En la causa por Vialidad, la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por el direccionamiento de obra pública a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz. En este nuevo juicio, la Justicia investigará si parte de los fondos obtenidos por Báez reingresaron al patrimonio de la familia Kirchner mediante el alquiler de hoteles y propiedades.
Según la documentación del juicio, las empresas de Lázaro Báez pagaron más de 40 millones de pesos a los Kirchner, directamente en sus cuentas personales o en las de la sociedad que controlaban, por concepto de alquileres de hoteles entre 2008 y 2013. Los jueces que condenaron a la expresidenta en la causa Vialidad ya habían hecho referencia a sus vínculos comerciales con Báez.
Además de Báez, la investigación también abarca los negocios inmobiliarios de los Kirchner con Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo. La familia Kirchner recibió más de 19 millones de pesos de estos empresarios, principalmente por el alquiler de departamentos en Puerto Madero. En este caso, el beneficio para los empresarios no provino de la obra pública, sino de una supuesta retención indebida de impuestos. Se alega que Oil Combustibles, empresa petrolera del Grupo Indalo, retuvo más de 8.000 millones de pesos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) sin ingresarlos a la AFIP.
Los vínculos comerciales mencionados no están en discusión, ya que están acreditados desde la instrucción con documentación y peritajes contables. Las defensas argumentan que los pagos están bancarizados y que no hubo intento de ocultamiento. La cuestión central del juicio será determinar si estas operaciones fueron utilizadas para lavar dinero, como sostiene la acusación, o si se trataron de negocios legítimos, como argumentan las defensas.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes instruyeron el caso, consideran la causa Vialidad como el delito precedente para Báez y Oil Combustibles como el delito precedente para López y De Sousa. El fiscal Diego Velasco sostendrá esta postura en el juicio.
El Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, estará a cargo del juicio. Se realizarán tres audiencias semanales y serán transmitidas por YouTube. La audiencia inicial de hoy, en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, se dedicará a una lectura resumida de las acusaciones. Los imputados podrán participar virtualmente en esta etapa, pero deberán asistir presencialmente a las indagatorias. Los abogados defensores sí deben estar presentes en la sala.
La acusación señala que la maniobra comenzó en 2008 con la compra de Hotesur por Néstor Kirchner, quien pagó casi 5 millones de dólares por las acciones de la sociedad propietaria del hotel Alto Calafate. Para la operación, se utilizó a Osvaldo Sanfelice, quien llevó más de 3 millones de dólares en efectivo a un banco y el resto fue transferido desde el Banco de Santa Cruz. Néstor Kirchner también había adquirido previamente la hostería Las Dunas y, en 2009, La Aldea a través de la sociedad Los Sauces.
Los fiscales identificaron tres fuentes de financiamiento para la compra de los hoteles: negocios inmobiliarios y préstamos con empresas de Lázaro Báez; compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz a precios reducidos y revendidas con ganancias extraordinarias; y créditos del Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi. Días antes de la compra de Hotesur en 2008, el banco concedió préstamos por más de 10 millones de pesos, supuestamente a la misma tasa que pagaba a la familia por sus depósitos a plazo fijo. Una vez adquiridos los hoteles, los Kirchner entregaron su administración y explotación a Valle Mitre, empresa de Lázaro Báez.
Fuente: La Nación Argentina
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