Colombia | El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro, denominado "Colombia, potencia mundial de la vida", alcanzó un 72,5% de cumplimiento al 7 de agosto, siendo el resultado más bajo en comparación con los dos gobiernos anteriores. Esta evaluación fue presentada por el vicecontralor general de la República, Francisco José Chaux.
Según Chaux, se identificaron retrasos en compromisos clave como la reforma agraria, el acceso a agua potable en zonas rurales, la salud pública, las políticas para jóvenes y la sustitución de cultivos. En cuanto a los pactos con pueblos étnicos, de 269 evaluados, 149 mostraron menos de la mitad de avance y 82 no registraron progreso alguno.
La Contraloría también señaló deficiencias en los reportes y en la comprobación de los indicadores. Del total de metas examinadas, el 33% se cumplió, el 44% quedó pendiente y el 23% tuvo un avance inferior al 50%. En contraste, los períodos 2014-2018 y 2018-2022 alcanzaron un 82,5% y 82,21% de cumplimiento, respectivamente.
El vicecontralor indicó que la evaluación no solo reveló retrasos en las metas, sino también problemas en los sistemas de información que respaldan los balances de gestión. Esto llevó a advertir fallas en los reportes institucionales y en los mecanismos de verificación de los indicadores en los territorios y la población beneficiaria. Chaux enfatizó la necesidad de que la confianza en los planes de desarrollo se base en "evidencia verificable entre lo prometido y lo efectivamente alcanzado", sugiriendo que esto no ocurrió en la administración actual.
El PND 2022-2026 fue diseñado con un presupuesto estimado de $1.154,8 billones y buscaba orientar la economía hacia la sostenibilidad ambiental y la equidad social, con una planificación participativa basada en los Diálogos Regionales Vinculantes.
Entre sus transformaciones, la primera planteaba ordenar el territorio alrededor del agua, con el objetivo de proteger las fuentes hídricas y los ecosistemas, y una meta de actualizar el catastro en el 70% del país.
El segundo componente, "seguridad humana y justicia social", recibió la mayor asignación presupuestal con $743,7 billones. Sus objetivos incluían reducir la pobreza extrema y multidimensional a un solo dígito, ampliar la gratuidad en la educación superior y fortalecer los sistemas de salud y pensiones.
La tercera transformación, el "derecho humano a la alimentación", proponía combatir el hambre y asegurar la producción suficiente de alimentos, reduciendo la dependencia de importaciones. Los rezagos en reforma agraria y salud pública están vinculados a estos propósitos.
La reforma rural integral contemplaba la entrega y titulación de cerca de 3 millones de hectáreas a campesinos, de las cuales se habrían gestionado más de 703.000 hectáreas. Además, el plan asignó $50,4 billones a la inversión para la paz, destinada al cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc.
La cuarta transformación buscaba modificar una economía dependiente del petróleo y el carbón, avanzando hacia actividades basadas en el conocimiento, la biodiversidad, el turismo y la agricultura, con una transición energética financiada con excedentes minero-energéticos. La meta energética era aumentar en 2.000 MW la capacidad de fuentes renovables y no firmar nuevos contratos de exploración minera pesada.
Finalmente, la "convergencia regional" completaba las cinco transformaciones, con el propósito de reducir las brechas sociales y económicas entre centros urbanos y regiones periféricas, aunque no se presentó un balance integral de este componente.
Fuente: Infobae
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