Costa Rica | El gobierno de Costa Rica ha manifestado su apoyo a seis organizaciones juveniles y estudiantiles de Nicaragua que han denunciado la crisis de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este respaldo diplomático se produce en un contexto de reclamos por la recuperación de las libertades civiles y políticas en el país centroamericano.
La representación permanente costarricense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) comunicó el 21 de octubre a los grupos que sus preocupaciones fueron incorporadas en una resolución aprobada el 2 de octubre durante la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. Dicha resolución regional exige medidas para detener el deterioro institucional en Nicaragua y restablecer los derechos suspendidos o restringidos.
Las organizaciones que dirigieron una carta a la entonces ministra interina de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Indiana Trejos Gallo, el 24 de septiembre, son la Alianza Universitaria Nicaragüense, la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses, el Movimiento UNA 19 de Abril, el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, AVANZA-Acción Universitaria y la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua. La diplomacia costarricense reconoció la contribución de estas agrupaciones y resaltó el rol de los jóvenes en la búsqueda de una solución democrática.
La resolución de la OEA demanda la liberación incondicional de personas detenidas por motivos políticos y la divulgación del paradero y situación de quienes han sido desaparecidos forzadamente. Asimismo, solicita la restitución de la nacionalidad y de los derechos civiles y políticos a aquellos que fueron privados de ellos. El documento también exige el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión, y garantías para el funcionamiento de organizaciones civiles, medios de comunicación independientes, universidades y asociaciones empresariales, además de la devolución o compensación de bienes confiscados.
En el ámbito institucional, la OEA instó a la recuperación de la independencia de los poderes públicos, la separación de poderes y la creación de condiciones para elecciones libres, justas, inclusivas y con observación internacional creíble. La resolución contempla la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que debía iniciar sus labores en los 30 días posteriores a la aprobación del texto y presentar recomendaciones en un plazo de 60 días.
Costa Rica ha reafirmado su compromiso con los derechos humanos del pueblo nicaragüense y con una solución pacífica y democrática, planteando ante la OEA la necesidad de que la respuesta regional no se limite a declaraciones de preocupación. Esta iniciativa regional se suma a otras acciones y pronunciamientos contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. República Dominicana, por ejemplo, anunció el retiro de su embajada en Nicaragua durante la reunión de cancilleres. Aunque Managua abandonó formalmente la OEA en 2023, el organismo sostiene que Nicaragua mantiene obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Estados Unidos, por su parte, mantiene sanciones contra funcionarios, familiares del matrimonio gobernante y entidades vinculadas al Estado nicaragüense. La Oficina del Representante Comercial estadounidense también anunció un arancel gradual para importaciones nicaragüenses no cubiertas por el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, que será del 0% en 2026, subirá al 10% el 1 de enero de 2027 y alcanzará el 15% en 2028. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas documentó 199 detenciones por motivos políticos entre abril de 2025 y mediados de enero de 2026, según un reporte citado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. La nueva instancia de seguimiento de la OEA deberá evaluar si Managua cumple con las exigencias regionales y proponer medidas diplomáticas y jurídicas no militares.
Fuente: Infobae
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