Mundo | América Latina y el Caribe han registrado un promedio de un desastre natural por semana durante los últimos 50 años, resultando en cerca de 100.000 fallecimientos y pérdidas económicas superiores a los 360.000 millones de dólares. Cuatro de cada diez habitantes de la región se han visto afectados por estos fenómenos, cuya frecuencia e intensidad aumentan debido al cambio climático.
Un informe internacional, titulado “Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas”, destaca que los eventos extremos como huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales no solo causan pérdidas humanas y materiales, sino que también destruyen viviendas e infraestructura, interrumpen cadenas de suministro, reducen los ingresos familiares y exigen recursos extraordinarios a los gobiernos para atender emergencias.
El estudio, impulsado por la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), Mapfre y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, fue presentado a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Sus conclusiones serán analizadas en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, España.
Los especialistas advierten que las consecuencias de estos desastres pueden prolongarse por años, afectando el crecimiento económico, la pobreza y la estabilidad de las finanzas públicas. Los datos de la base internacional EM-DAT muestran un incremento en los desastres hidrológicos y meteorológicos, especialmente inundaciones y tormentas. A pesar de las mejoras en los sistemas de alerta temprana y protección civil en los países latinoamericanos, estas acciones se consideran insuficientes para una recuperación económica rápida.
El informe estima que la región necesita invertir hasta 31.000 millones de dólares anuales en infraestructuras resistentes a inundaciones y huracanes. Además, propone movilizar otros 15.000 millones de dólares hasta 2030 para fortalecer las políticas de adaptación y gestión del riesgo de desastres. Estas inversiones buscan mejorar la capacidad de respuesta, proteger servicios esenciales y reducir las consecuencias económicas de futuros fenómenos extremos.
Otro hallazgo relevante es la brecha del 81% en la protección aseguradora de la región, lo que limita la cobertura financiera ante catástrofes. Esta situación afecta particularmente a familias de bajos ingresos, pequeñas empresas y gobiernos, que pueden enfrentar grandes gastos de recuperación sin mecanismos de aseguramiento adecuados. Los autores sugieren desarrollar instrumentos como seguros, reaseguros, fondos de contingencia y bonos catastróficos para asegurar recursos oportunos tras una emergencia. Para eventos frecuentes de menor impacto, proponen reservas presupuestarias, y para catástrofes mayores, mecanismos de transferencia de riesgos.
El documento, elaborado por Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz, propone un decálogo de medidas para mejorar la preparación y recuperación de los países. Entre las prioridades se incluyen convertir la resiliencia financiera en una política de Estado, ampliar los seguros, proteger infraestructura estratégica, garantizar pagos rápidos e impulsar alianzas público-privadas. También se plantea aprovechar la innovación tecnológica y financiera, vincular los instrumentos aseguradores con la prevención y fortalecer la cooperación regional. El objetivo es que los países dispongan de recursos suficientes para reconstruir infraestructura, restablecer servicios y proteger las actividades económicas sin comprometer sus finanzas públicas a largo plazo. El informe concluye que la protección civil debe complementarse con una estrategia de resiliencia económica y financiera ante la continua amenaza climática.
Fuente: Infobae
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