Estados Unidos | Trece personas, incluyendo nueve ciudadanos estadounidenses y dos mexicanos, enfrentan cargos federales por transportar vehículos robados desde Estados Unidos hacia cárteles en México. La investigación, denominada Operación Southbound Takedown, documentó el traslado de automóviles sustraídos hasta la frontera para ser entregados a organizaciones criminales transnacionales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la operación permitió la recuperación de 29 vehículos, valorados en aproximadamente 1 millón 137 mil dólares. La red de robo operaba sustrayendo vehículos privados y de alquiler en todo el país, principalmente en el suroeste de Estados Unidos, para luego conducirlos hasta El Paso, Texas, y entregarlos al otro lado de la frontera.
Vance Belew, subagente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en El Paso, explicó que los vehículos eran transportados a través de El Paso por cómplices que los conducían por los puertos internacionales de entrada hacia México. Allí eran entregados a individuos vinculados con cárteles y organizaciones criminales para apoyar sus actividades ilícitas.
Belew enfatizó que estos no son delitos aislados contra la propiedad, sino que los vehículos robados se utilizan para apoyar las operaciones diarias de organizaciones criminales en Estados Unidos y México.
Entre los acusados, Kimberly Aguilar y Marty Gerardo Jr., ambos ciudadanos estadounidenses, fueron imputados el 25 de marzo y el 22 de julio, respectivamente, y permanecen bajo custodia estatal. Los otros once acusados fueron imputados a nivel federal y arrestados entre el 22 de julio y el 19 de octubre. Nueve de ellos son ciudadanos estadounidenses: David Monarrez, César David Díaz, Sinuhe Baltizar López, Christopher Rene Reyes, Ángel Antonio Flores, Aaron Fernando Luna-Evans, Amy Foote, James Dewey Garrett y Hilario Abraham Morales.
Los dos ciudadanos mexicanos acusados son Pablo Frías, titular de una tarjeta de residente permanente legal, y Pilar Bernabeth Méndez Rivas, titular de una tarjeta de cruce fronterizo. Cada caso fue registrado con un número de expediente propio ante el tribunal federal del Distrito Oeste de Texas.
Todos los trece acusados están imputados por transporte interestatal de bienes robados. De ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta diez años de prisión federal. La pena será determinada por un juez de distrito, considerando las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El fiscal federal, Justin R. Simmons, advirtió a quienes consideren transportar vehículos robados a México que estas organizaciones se aprovechan del afán por dinero fácil para expandir sus operaciones criminales, que incluyen tráfico de personas, extorsión, narcotráfico e incluso asesinato. Simmons afirmó que quienes brinden apoyo a estos cárteles serán procesados con todo el peso de la ley.
Fuente: Infobae
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