Argentina | Las comisiones de Legislación General y de Población del Senado argentino volverán a reunirse el miércoles para intentar dictaminar la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos, un tema que ya pasó por el Congreso pero quedó sin completar. El plenario se reunió días atrás con dos proyectos y pasó a cuarto intermedio, en medio de la incertidumbre sobre si habrá sesión esta semana.
Los textos en discusión son del peronista Pablo Bensusán, por La Pampa, y de la filo radical Edith Terenzi, por Chubut. El oficialismo libertario, representado por Patricia Bullrich, de Capital Federal, exigió cambios e insinuó un principio de apoyo al proyecto de la patagónica; luego las principales bancadas decidieron el cuarto intermedio.
Bensusán sostuvo que el registro incorporará la información que envíen las provincias sin modificar los requisitos locales, ya que cada jurisdicción fija sus propios umbrales para considerar moroso a un deudor, que pueden ser más de dos, tres o cinco cuotas. Añadió que no se crea un organismo nuevo y que funcionará dentro del Ministerio de Justicia de la Nación como un programa y una base informática, con datos de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si adhieren.
El proyecto de Bensusán prevé sanciones a nivel nacional sin afectar facultades provinciales, como exigir el registro de libre deuda nacional para sacar un pasaporte, para el otorgamiento de concesiones y permisos del Gobierno Nacional, y la prohibición de asistir a espectáculos públicos, según planteó el legislador.
Terenzi propone que la ley sea de orden público para que las provincias no puedan optar por adherirse o no, porque un registro con adhesiones dispares sería ineficiente o incompleto. Dijo que busca centralizarlo sin invadir jurisdicciones provinciales y que su texto no incluye prohibiciones ni consecuencias por figurar en el registro, porque el deudor moroso ya enfrenta consecuencias en su propia jurisdicción.
Bullrich reclamó incorporar temas de carácter internacional, como la posibilidad de adherir a una de las tarjetas de colores de Interpol, al señalar que estas personas, si no existe un proceso penal, no podrán ser extraditadas por una causa así, pero sí encontradas en otros países. También sugirió analizar qué actividades se pueden realizar y cuáles no.
La senadora señaló que ya existe un registro nacional de deudores alimentarios cuyos inscriptos están entre quienes no pueden concurrir a espectáculos deportivos; ese registro se está nutriendo con la adhesión de provincias, funciona en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la Dirección de Espectáculos, y abarca espectáculos deportivos y de otro tipo. Consideró que debe existir una delimitación precisa sobre la salida del país y que esa restricción debe quedar claramente establecida con una orden judicial, porque ninguna autoridad migratoria puede detener a un ciudadano en la frontera sin ese requisito.
El plenario forma parte de una agenda por ahora poco cargada en la Cámara alta. La expectativa principal está puesta en si el pleno sesionará el jueves para, entre otros temas, sancionar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT), que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998; Diputados votó en agosto y lo modificó con guiño a laboratorios locales, por lo que el trámite está en segunda revisión y listo para finalizar. El oficialismo también pretende aprobar una nueva ley de salud mental, ya dictaminada, aunque dialoguistas pelean por más recursos y hay dudas. El clima entre libertarios y aliados es tenso por promesas incumplidas desde la Casa Rosada, y quedará en manos de Bullrich y los jefes dialoguistas; si acuerdan, habría una reunión de Labor Parlamentaria para cerrar un potencial temario.
Fuente: Infobae
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