Costa Rica | Un grupo de organizaciones de derechos humanos denunció este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de acciones y discursos que, según afirman, afectan la independencia judicial en el país. La audiencia se llevó a cabo en Panamá, durante el 197.° período de sesiones de la CIDH.
Las organizaciones peticionarias fueron la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional Contra la Impunidad y el Programa Jotay. Según EFE, estas entidades señalaron que operadores de justicia han sido objeto de campañas de estigmatización y desprestigio.
Entre los puntos cuestionados se encuentran el uso del presupuesto como herramienta de presión, la demora en los nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional y pronunciamientos públicos que, a su juicio, deterioran la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Adriana Orocú, presidenta de Acojud, afirmó que el Poder Ejecutivo condiciona la entrega de una parte de los recursos del Poder Judicial a decisiones políticas y a la aprobación del Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría. La magistrada indicó que estas exigencias se basan en “normas atípicas definidas arbitrariamente y sin sustento técnico”, afectando la autonomía institucional de los tribunales.
Las tensiones entre el Ejecutivo y la justicia costarricense se han desarrollado durante varios años, comenzando en la administración de Rodrigo Chaves (2022-2026) y continuando con el Gobierno de Laura Fernández (2026-2030), quien pertenece al mismo espacio político que Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda.
Las organizaciones expusieron ante la CIDH episodios que consideran parte de una secuencia de cuestionamientos a jueces, fiscales y magistrados. Mencionaron una movilización liderada por Chaves en 2025 para pedir la salida del fiscal general. También recordaron que Fernández calificó de “golpistas” a los magistrados de la Sala Constitucional que extendieron los nombramientos de suplentes debido a la falta de elección en el Congreso, tras la negativa del oficialismo a designar candidatos de una nómina de la Corte Suprema de Justicia.
Los denunciantes también citaron declaraciones de Chaves posteriores al triunfo electoral de Fernández, en las que el entonces mandatario celebró que “el pueblo” hubiera “recuperado” los poderes Ejecutivo y Legislativo, y afirmó que solo faltaba el Judicial. Para las organizaciones, estos mensajes contribuyen a generar sospechas sobre jueces y magistrados, en un país donde la división de poderes es una garantía institucional.
Por su parte, Arnoldo André, representante de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y excanciller del Gobierno de Chaves, rechazó las acusaciones. André afirmó que el país “rechaza firmemente la existencia de una política estatal dirigida a menoscabar la independencia judicial”, y sostuvo que la autonomía judicial es un pilar de la democracia costarricense y una garantía para el Estado de derecho.
André añadió que las críticas de autoridades políticas forman parte del debate democrático y aseguró que el Ejecutivo no ha incumplido órdenes judiciales ni tomado represalias contra funcionarios judiciales por sus decisiones. Respecto al conflicto presupuestario, explicó que el Gobierno enfrenta una caída del 2.3% en los ingresos estatales. Afirmó que la Constitución asigna al Poder Judicial el 6% de los ingresos del Estado y que el proyecto para 2027 prevé destinarle el 6.87%. El diplomático solicitó a la CIDH que analice con rigor los planteamientos presentados durante la sesión.
Fuente: Infobae
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