Panamá | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inauguró este lunes en Panamá su 197 Período de Sesiones, con una agenda que se extenderá durante la semana para examinar la situación de los derechos humanos en más de una decena de países del continente.
El organismo interamericano tiene previsto recibir información sobre temas como justicia, migración, seguridad ciudadana y la protección de grupos vulnerables. Entre los asuntos específicos a tratar se encuentran la independencia judicial en Costa Rica, Ecuador y Perú, la regulación de la pena de muerte en Cuba, y el control digital del espacio cívico en Venezuela.
Además, se abordarán la libertad religiosa en Nicaragua, los derechos sexuales y reproductivos en Honduras, y la situación de personas privadas de libertad bajo el estado de excepción en El Salvador. También se incluye una audiencia de alcance regional sobre el impacto de la minería crítica para la transición energética.
El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, destacó la importancia de la gestión fronteriza para atender las responsabilidades estatales en seguridad pública y garantizar la protección de las personas, especialmente los niños. Subrayó que la cooperación entre países debe enfrentar las causas del desplazamiento y los peligros del tránsito, respetando la dignidad de los migrantes y la seguridad de las comunidades receptoras.
Martínez-Acha Vásquez enfatizó que el derecho internacional es un instrumento esencial para defender la independencia y soberanía, y que la vigencia de los derechos humanos requiere instituciones independientes y una ciudadanía capaz de exigir cuentas a sus gobernantes. Mencionó la libertad de expresión para cuestionar a quienes gobiernan y el debido proceso para proteger a todas las personas, haciendo una mención específica a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El canciller panameño recordó que la CIDH, fundada en 1959, ha realizado cuatro visitas a Panamá en 1977, 1989, 1990 y 2001, y que sus relatorías temáticas y especiales han tenido presencia previa en el país. Para Martínez-Acha Vásquez, recibir a la Comisión demuestra la voluntad de escuchar a las víctimas y a la sociedad civil, examinar las observaciones con seriedad y responder a ellas mediante instituciones funcionales.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Edgar Ralón Orellana, inició su intervención expresando solidaridad con las personas afectadas por el reciente terremoto en Panamá. Destacó que el país anfitrión “abre sus puertas al diálogo regional” a pesar de la adversidad, y afirmó que la tarea de la Comisión es “tender puentes” entre Estados y sociedad civil, normas y realidad, y preocupaciones y soluciones.
Ralón Orellana aclaró que las audiencias “no son un juicio, ni un instrumento para atribuir responsabilidad a ningún Estado”, sino un “ejercicio de escucha” que sirve para recordar las obligaciones que los Estados han asumido soberanamente. Expresó el deseo de que cada persona y cada Estado compareciente se sientan escuchados y respetados.
En el calendario de audiencias también figuran temas como el acceso a la justicia en Granada, la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado en Perú, y la situación de personas defensoras de derechos humanos en México. Se abordarán también la situación de personas LGBTIQ+ en Centroamérica, denuncias de adopciones irregulares y tráfico de menores en Chile, el pueblo raizal en Colombia y mujeres privadas de libertad.
En el ámbito de las libertades fundamentales, la Comisión tratará la libertad de expresión y académica en Estados Unidos, la institucionalidad democrática en Ecuador y la violencia obstétrica en el acceso a la salud y la justicia. El capítulo de seguridad ciudadana incluirá la responsabilidad penal adolescente en Brasil y los estándares policiales en comunidades de la Amazonía brasileña. El cronograma finalizará con una audiencia sobre las obligaciones internacionales de empresas extractivas canadienses y su impacto en los derechos humanos.
Fuente: Infobae
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