México | La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general una reforma a la Ley de Inversión Extranjera que integra a las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar) con voz y voto permanentes en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). La iniciativa, impulsada por Claudia Sheinbaum, fue avalada con 314 votos a favor y 117 en contra en el pleno de San Lázaro.
La reforma establece un nuevo procedimiento de autorización para adquisiciones de empresas mexicanas por parte de inversionistas extranjeros. Este mecanismo se aplicará cuando la participación extranjera supere el 49% del capital de una compañía, sus activos rebasen un umbral económico específico y sus actividades correspondan a sectores considerados estratégicos o sensibles para la seguridad nacional.
La CNIE tendrá la facultad de evaluar estas adquisiciones y podrá autorizarlas, sujetarlas a condiciones o rechazarlas si existen riesgos para la seguridad nacional. La propuesta no prohíbe que el capital extranjero supere el 49% en todas las empresas, sino que establece una revisión específica para operaciones que cumplan con los criterios legislativos.
Además de Defensa y Semar, la reforma amplía la participación en la CNIE a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, también con voz y voto. La Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participarán con voz, pero sin voto, en asuntos de seguridad nacional.
Los promotores de la iniciativa argumentan que el objetivo es que la evaluación de inversiones considere no solo aspectos económicos y productivos, sino también posibles riesgos para la infraestructura, tecnologías y recursos estratégicos del país. Entre los sectores que podrían estar sujetos a revisión se encuentran energía y minería, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, sistemas digitales, tratamiento y almacenamiento de datos, transporte, comunicaciones, defensa, insumos fundamentales y seguridad alimentaria.
El nuevo mecanismo permitirá a las autoridades imponer condiciones a ciertas operaciones, impedirlas si representan riesgos para la seguridad nacional, ordenar la venta de activos adquiridos e imponer multas de hasta 200,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por incumplimientos. Legisladores de Morena defendieron la reforma, destacando la necesidad de proteger la infraestructura crítica y los sectores estratégicos, sin que la inversión extranjera implique renunciar a estas facultades. Se mencionó que México recibió 34,968 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2026.
Por su parte, las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su preocupación, advirtiendo que la participación permanente de las Fuerzas Armadas en decisiones económicas, incluso en asuntos no directamente relacionados con la seguridad nacional, podría generar incertidumbre para los inversionistas y afectar la certeza jurídica de las operaciones. El dictamen continuará su proceso legislativo con la discusión en lo particular en la Cámara de Diputados y, debido a las modificaciones, deberá regresar al Senado para su revisión.
Fuente: Infobae
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