Colombia | La inteligencia militar de Colombia ha puesto en marcha una capacidad tecnológica para acceder y rastrear los sistemas de operación de drones utilizados por grupos armados. El objetivo es identificar puntos de despegue, rutas, campamentos y redes logísticas vinculadas con ataques contra la población civil y la fuerza pública.
Expertos en ciberdefensa, ingeniería de sistemas, telecomunicaciones, software, hardware, análisis de datos e inteligencia artificial están a cargo de esta labor, operando desde centros de cómputo en diversas partes del país. Su misión es fortalecer la respuesta estatal ante el creciente uso de aeronaves remotamente tripuladas por organizaciones ilegales.
La preocupación por estos ataques ha aumentado, con 318 incidentes registrados entre el 1 de enero y el 1 de octubre, lo que representa un promedio de casi un ataque cada 20 horas. Los drones, tanto comerciales como adaptados artesanalmente, han sido empleados para transportar o lanzar explosivos contra instalaciones militares, estaciones de policía y poblaciones.

La nueva estrategia se basa en la capacidad de ingresar de forma remota a los programas y sistemas operativos que controlan estas aeronaves. Esta información permite establecer patrones de vuelo, zonas de interés, coordenadas y movimientos asociados con los operadores. Los analistas han logrado seguir la ubicación de drones en tiempo real y extraer datos de sus recorridos, lo que, al cruzarse con información de inteligencia, facilita la ubicación de áreas de concentración, sitios de reunión y corredores utilizados por las estructuras armadas.
Los datos obtenidos de los drones han sido cruciales para orientar operaciones aéreas y terrestres, resultando en la localización de campamentos, depósitos de explosivos, armamento, cargamentos de droga y materiales de intendencia. Los procedimientos, herramientas y ubicación de los equipos de ciberdefensa se mantienen bajo reserva para no comprometer operaciones en curso ni exponer a los funcionarios involucrados.

Entre los grupos monitoreados se encuentran estructuras de las disidencias de las antiguas Farc-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Los accesos reportados abarcan zonas como la costa Caribe, el Catatumbo, Arauca, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, el sur de Bolívar y Caquetá, reflejando la expansión del uso de drones por parte de estos grupos.
La capacidad estatal de rastrear estas aeronaves podría modificar el uso de estos dispositivos por parte de las organizaciones ilegales, ya que incluso los drones artesanales dejan rastros digitales. Esto podría obligarlos a cambiar sus protocolos de seguridad, como evitar el traslado de equipos a zonas de reunión o limitar vuelos desde instalaciones fijas.

El objetivo de la inteligencia militar va más allá de encontrar aeronaves en vuelo; busca reconstruir el ecosistema tecnológico de las organizaciones criminales, identificando operadores, momentos de uso, zonas de acción y vínculos entre los ataques con drones y otras actividades ilegales. Con esta información, las Fuerzas Militares y la Policía podrían anticipar riesgos en territorios bajo presión de los grupos armados, protegiendo a comunidades cercanas a bases militares, estaciones de policía o zonas de disputa.
Una capacidad en desarrollo apunta a intervenir el control de la aeronave después de su despegue para impedir que los operadores mantengan el mando y evitar que los explosivos alcancen sus objetivos. Sin embargo, no se han divulgado detalles sobre el avance o la aplicación operativa de este sistema.

Adicionalmente, se contempla la incorporación de drones MQ-9 Reaper para tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, que apoyarían la identificación de laboratorios de droga, rutas de narcotráfico, embarcaciones ilegales, campamentos y desplazamientos de integrantes de grupos armados. La combinación del análisis de datos de drones ilegales y la vigilancia aérea de largo alcance busca ampliar la capacidad de las autoridades para monitorear movimientos en áreas de difícil acceso. El alto mando militar ha señalado que el uso de aeronaves no tripuladas por parte de las estructuras armadas genera información útil para operaciones de seguridad, haciendo que la disputa por el control del espacio aéreo de baja altura sea parte de la confrontación en zonas donde los grupos ilegales buscan mantener su capacidad de ataque.

Fuente: Infobae
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