Colombia | La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha acusado formalmente al excongresista liberal Eduar Luis Benjumea Moreno por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho propio. La investigación se centra en su supuesta participación en el direccionamiento de recursos públicos para financiar un proyecto de construcción en el departamento de Sucre.
Los hechos investigados se remontan al primer semestre de 2018. Según la información recopilada por el alto tribunal, Benjumea habría aceptado una promesa remuneratoria a cambio de intervenir para favorecer la adjudicación de un contrato de obra pública en el municipio de Galeras, Sucre. Se le acusa de haber utilizado influencias indebidas para conseguir los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.
La Corte Suprema ha establecido que las pruebas en el expediente sugieren que Benjumea intentó cumplir con su parte del acuerdo y que, incluso, habría recibido una porción del dinero prometido. La suma que se habría ofrecido como contraprestación por estas gestiones ascendía hasta los 500 millones de pesos.
La acusación se produce después de que la Sala Especial de Instrucción negara un recurso de reposición presentado por la defensa del excongresista. El expediente será remitido ahora a la Sala Especial de Primera Instancia para que continúe con el trámite judicial correspondiente.
Los delitos atribuidos son tráfico de influencias, que implica el uso de una posición para obtener beneficios mediante intervención ante servidores públicos, y cohecho propio, que se refiere a la recepción o aceptación de beneficios indebidos por parte de un servidor público a cambio de realizar u omitir actuaciones relacionadas con sus funciones.
Eduar Luis Benjumea Moreno fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018, periodo en el que formó parte de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias. Fue elegido por la circunscripción del departamento de Amazonas en las elecciones legislativas de 2014. Su elección fue objeto de una demanda ante el Consejo de Estado por una presunta inhabilidad relacionada con un contrato entre la Gobernación de Amazonas y el Hospital San Rafael de Leticia E.S.E., pero en mayo de 2015, el Consejo de Estado confirmó su elección al no encontrar pruebas suficientes de la inhabilidad.
Fuente: Infobae
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