de 2026. La falta de acceso oportuno a intérpretes profesionales de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) dificulta la atención de personas sordas en servicios de salud y otras instituciones públicas. Ante esta situación, la Defensoría de los Habitantes emitió un informe final con recomendaciones al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Consejo Presidencial Social.
El caso se originó en una queja presentada por un habitante, quien denunció que, en 2024, el CONAPDIS había dejado de brindar interpretación por videollamada por falta de presupuesto, y que instituciones como el INS exigían a los pacientes sordos llevar su propio intérprete para citas médicas. En marzo de 2025 se sumó una segunda denuncia relacionada con el Área de Salud de Coronado (CCSS), donde, según lo denunciado, una queja ante la Contraloría de Servicios permaneció sin respuesta ni medidas correctivas durante meses.
Según el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA 2025) del CONAPDIS, de 69 instituciones públicas evaluadas solo el 15,94% contrató intérpretes certificados de LESCO y apenas el 11,59% contaba con personal capacitado de forma permanente. Para la Defensoría, estos datos evidencian una brecha importante frente a las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado.
Avances institucionales, pero persisten barreras de accesibilidad
Según constató la investigación, el INS implementó en 2024 un contrato de interpretación especializada que permitió brindar 36 atenciones a personas sordas durante 2025 (15 virtuales y 21 presenciales) y capacitó a 30 personas funcionarias en LESCO. El INA, por su parte, consolidó un Estándar de Cualificación de Interpretación de LESCO y recomienda exigir el título de Técnico 3 en Interpretación LESCO-Español en toda contratación pública. CONAPDIS mantiene tres licitaciones activas de interpretación, pero la CCSS reconoció que, pese a contar con personal con niveles básicos de LESCO (del I al VI), no dispone de intérpretes certificados, una situación que la propia Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) advierte como un riesgo para la calidad y seguridad de la atención.
La Defensoría recomendó al INS garantizar presupuesto permanente para la interpretación en LESCO y exigir el título oficial de Técnico 3 en los procesos de contratación. Al INA le recomendó fortalecer con recursos fijos el subproceso de certificación por competencias y ampliar las convocatorias para formar más intérpretes.
En el caso del CONAPDIS, recomendó emitir una circular vinculante para todo el Estado que establezca que el apoyo comunicacional en LESCO no es una prestación discrecional, fortalecer el IGEDA y emplazar a las instituciones con resultados más bajos. A la CCSS (Presidencia Ejecutiva, Gerencia Médica, CIAD, Área de Salud de Coronado y la Región Central Sur), la Defensoría recomendó diseñar un modelo institucional que garantice intérpretes profesionales en todos los servicios de salud, evaluar soluciones de interpretación remota y dar seguimiento permanente al cumplimiento de la Circular GM-14110-2025.
Asimismo, al Consejo Presidencial Social, la Defensoría solicitó dar seguimiento a los compromisos interinstitucionales asumidos en agosto de 2025, incluido el fortalecimiento de la coordinación con las organizaciones de personas sordas.
“La accesibilidad no puede depender de que las personas usuarias sordas lleven sus propios intérpretes para recibir atención del Estado. Las recomendaciones de la Defensoría buscan fortalecer servicios públicos accesibles, oportunos y respetuosos de sus derechos”, según señaló Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes.
Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes
Fuente: DEFENSORIA
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí