Colombia | El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el 29 de octubre de 2026 la Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca evitar una recesión y la pérdida de 360.000 empleos en el país. El proyecto, que combina una reducción del 2,2% del gasto público con nuevos gravámenes, cambios en la renta y alzas en aportes de salud, ha generado críticas por algunas de sus propuestas.
La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, ha cuestionado la Ley de Rescate Económico, señalando que impondría un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% al alimento para animales, lo que, según ella, afectaría a las familias con mascotas. Hernández calificó esta medida como un “golpe muy miserable” y anunció su oposición al proyecto, instando a la ciudadanía a defender sus derechos.
El proyecto de ley, que consta de 106 artículos, también otorga al presidente facultades extraordinarias durante seis meses desde su vigencia. Estas facultades permitirían al Ejecutivo suprimir, fusionar o escindir ministerios y departamentos administrativos, así como modificar sus nombres, objetivos, estructuras y orden de precedencia.
Entre otras objeciones, la senadora Hernández criticó los cambios al impuesto al carbono, afirmando que los recursos recaudados ya no tendrían una destinación específica del 80% para temas como el cuidado de la biodiversidad, los humedales y la prevención del cambio climático. Además, la congresista indicó que el proyecto eliminaría el impuesto a los plásticos de un solo uso, gravaría con IVA a los carros eléctricos, híbridos y bicicletas eléctricas, y reduciría del 50% al 46% el impuesto de renta para la industria petrolera, lo que, a su juicio, “premia a las industrias que más afectan al ambiente y matan animales”.
El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó el proyecto, argumentando que es necesario para “salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión”. Según Restrepo, la propuesta implica que “el Estado se aprieta el cinturón, aportan más los que más tienen y el que menos tiene, recibirá más”.
La reforma también propone un nuevo umbral para el impuesto de renta de las personas naturales, donde quienes perciban ingresos anuales desde $37.709.280 (equivalentes a un rango mensual entre $3.100.000 y $4.757.000) tendrían que declarar y pagar una retención en la fuente del 9%.
Asimismo, el articulado modifica las cotizaciones al régimen contributivo de salud a partir del 1 de enero de 2027. El empleador pagaría el 8,5% del ingreso o salario base de cotización, mientras que el aporte de los trabajadores aumentaría de forma escalonada según el nivel salarial. Para quienes reciban entre uno y dos salarios mínimos, la cotización será del 4%; entre dos y cuatro salarios mínimos, del 5,5%; entre cuatro y cinco, del 6%; entre cinco y 10, del 6,5%; entre 10 y 15, del 7%; entre 15 y 20, del 7,5%; y entre 20 y 25 salarios mínimos, del 8%.
En cuanto a las empresas, la tarifa general de renta para sociedades nacionales, establecimientos permanentes de entidades del exterior y personas jurídicas extranjeras obligadas a declarar sería del 33% en 2027 y del 31% desde 2028. Las instituciones financieras, aseguradoras, reaseguradoras, comisionistas de bolsa y agropecuarias, bolsas de bienes y productos, y proveedores de infraestructura del mercado de valores pagarían cinco puntos adicionales entre 2027 y 2030, elevando su tarifa total al 38% en 2027 y al 36% durante los tres años siguientes. Esta sobretasa aplicaría a personas jurídicas con una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT o $6.284 millones en el año gravable correspondiente, y estaría sujeta a un anticipo del 100%.
El proyecto de ley comenzará sus discusiones en el Congreso de la República.
Fuente: Infobae
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