Costa Rica | Los salarios de los funcionarios públicos en Costa Rica podrían experimentar una pérdida de hasta el 29.36% de su poder adquisitivo para el año 2033. Esta proyección, realizada por el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), se atribuye al congelamiento de las remuneraciones y al aumento acumulado del costo de vida.
El análisis del OES-UNA detalla que, aunque los trabajadores continúen recibiendo el mismo monto salarial mensual, su capacidad de compra se vería reducida. Por ejemplo, un funcionario con un salario de ₡500,000 (USD 1,099) mensuales podría perder el equivalente a ₡146,800 (USD 323) en poder adquisitivo para 2033. Para quienes perciben ₡1,000,000 (USD 2,199), la pérdida estimada alcanzaría los ₡293,620 (USD 646).
Esta situación no es nueva, ya que entre 2020 y 2025, los salarios públicos ya perdieron un 8.29% de su capacidad de compra debido al congelamiento salarial implementado bajo la regla fiscal. Roxana Morales, coordinadora del Observatorio, explicó que esto significa que ₡100,000 en diciembre de 2020 tenían el mismo poder de compra que ₡91,713 en diciembre de 2025. Para mantener el mismo nivel de compra de 2020, un trabajador habría necesitado ₡109,040 (USD 240) en diciembre de 2025.
Aunque en 2026 se autorizaron algunos incrementos salariales mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45515-H-PLAN, estos fueron limitados. Se estableció un aumento de ₡10,000 (USD 22) en los salarios base de ciertos funcionarios con salario compuesto, y un incremento adicional de ₡10,000 (USD 22) para salarios base entre ₡287,000 (USD 631) y ₡514,600 (USD 1,131). Sin embargo, estos ajustes solo beneficiaron a empleados cuyo salario bruto era inferior al salario global correspondiente a su puesto, dejando a una parte de los funcionarios sin incremento.
La preocupación del Observatorio se extiende a la posibilidad de que las restricciones salariales se mantengan por varios años más. La regla fiscal, que vincula el crecimiento del gasto público a la relación deuda/PIB, podría llevar a un nuevo congelamiento salarial en 2027, ya que la relación deuda/PIB al cierre de 2025 fue del 60.4%. Las proyecciones del Ministerio de Hacienda, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, indican que esta relación se mantendría por encima del 60% hasta 2031, alcanzando el 63.8% en ese año. Si estas estimaciones se cumplen, los salarios base del sector público podrían permanecer congelados hasta 2033.
El OES-UNA advierte que esta pérdida de poder adquisitivo podría tener consecuencias significativas para las familias, obligándolas a reducir gastos, posponer compras importantes, disminuir su capacidad de ahorro o recurrir al endeudamiento. Esto afectaría especialmente a los hogares de menores ingresos. Además, el Observatorio señala posibles repercusiones para la economía nacional, ya que una disminución del consumo de los hogares podría impactar las ventas de comercios y empresas, afectando la producción, contratación e inversión.
Ante este panorama, el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional ha recomendado revisar las leyes que regulan las remuneraciones del sector público, específicamente la Ley N.° 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley N.° 10.159, Ley Marco de Empleo Público. El objetivo es encontrar mecanismos que permitan ajustes salariales razonables por costo de vida, manteniendo la disciplina fiscal y considerando tanto a los funcionarios con salario compuesto como a los de salario global, así como las pensiones vinculadas.
Fuente: Infobae
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