30 de octubre del 2026. La Fiscalía Adjunta de Fraudes logró acreditar la culpabilidad de Juan Carlos Martín Solís por estafar a cinco víctimas mediante falsas concesiones de tecnología satelital, para lo cual utilizó una empresa que creó con ese propósito, denominada Intersat. Por estos hechos, recibió una condena de seis años y seis meses de prisión, así como una condena civil por ¢45,9 millones.
Según comprobó la Fiscalía, el imputado estructuró un plan para engañar a inversionistas locales, mediante promesas de éxito empresarial, supuestas alianzas con multinacionales tecnológicas y la manipulación de sentimientos religiosos.
En la acusación se detalló que el hombre se presentaba como un empresario temeroso de Dios, filántropo y comprometido con los principios bíblicos. Además, les decía a las víctimas que elegía a sus socios por revelación divina y exigía que fueran personas creyentes para, según sus palabras, “no abrirle las puertas al diablo”.
Asimismo, aseguraba falsamente haber ganado licitaciones y obtenido concesiones exclusivas con la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda de Costa Rica para desinstalar precintos y dispositivos de rastreo satelital GPS, específicamente equipos GT2000, en contenedores de transporte de carga.
Durante el juicio también se expuso que el imputado presumía de supuestas alianzas estratégicas con corporaciones internacionales. Para respaldar sus afirmaciones, mostraba cotizaciones sin valor contractual y equipos de demostración, con los que buscaba hacer creer que tenía contratos operativos vigentes.
El delito. De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Fraudes, el imputado solicitaba primas de inversión de entre $15.000 y $60.000 por concesiones que valoraba ficticiamente en $360.000. Además, exigía la creación de nuevas sociedades anónimas, la firma de estrictos contratos de confidencialidad y la contratación de cuadrillas de técnicos.
También prometía retornos financieros extraordinarios que superaban los $146.137,50 mensuales por concesión y garantizaba la desinstalación de al menos 15 dispositivos diarios por técnico. Ante los constantes retrasos en el inicio de las operaciones, atribuía las demoras a la pandemia del COVID-19, a problemas en el tráfico marítimo internacional o a supuestos pagos adicionales por licencias de software y viáticos.
El juicio se desarrolló entre el 21 de setiembre y el 06 de octubre del 2026. Mientras la sentencia queda en firme, se ordenó al condenado firmar mensualmente ante el Tribunal Penal de San José y se le impuso impedimento de salida del país.
El caso se tramitó bajo el expediente 20-002106-0175-PE.
Fuente: MP
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