Nicaragua | El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha identificado cuatro mecanismos internacionales para impulsar la rendición de cuentas del régimen de Daniel Ortega por presuntas violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales. Estas alternativas fueron presentadas en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
Durante la sesión, el GHREN presentó el informe “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, que detalla la intensificación de la persecución contra opositores y críticos del régimen. Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el experto del GHREN, Reed Brody, señaló que el organismo ha identificado a 56 personas, incluyendo altos funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad y operadores de justicia, sobre quienes existen motivos razonables para considerar que habrían cometido graves abusos y crímenes internacionales.
La primera vía propuesta es la presentación de demandas entre Estados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la privación arbitraria de nacionalidad. El informe destaca que cientos de nicaragüenses han perdido su nacionalidad por decisiones de las autoridades, y otros enfrentan una situación de apatridia de facto debido a la negativa estatal de emitir pasaportes u otros documentos.
La segunda opción contempla recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de carácter transfronterizo. Brody citó como ejemplo la deportación forzada de personas hacia países que son parte del Estatuto de Roma, tratado que estableció este tribunal.
El tercer mecanismo es la jurisdicción universal, que permite a tribunales de otros países investigar y juzgar crímenes internacionales, incluso si no ocurrieron en su territorio. Esta vía ya se aplica en Argentina en causas relacionadas con Nicaragua.
La cuarta alternativa busca ampliar las sanciones selectivas contra los responsables de violaciones de derechos humanos. El GHREN sugirió que estas medidas se extiendan a personas ya identificadas por el Grupo que aún no han sido objeto de restricciones internacionales.
En el diálogo ante la Tercera Comisión, delegaciones de países como Costa Rica, Chile, Georgia, Polonia, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Brasil, Panamá, la Orden Soberana de Malta y la Unión Europea expresaron preocupación por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, el desmantelamiento institucional y las acciones contra nicaragüenses en el exilio. También demandaron la liberación de personas detenidas por razones políticas, medidas de protección para las víctimas y avances en materia de justicia.
El GHREN y el Colectivo 46/2, que agrupa a 23 organizaciones nicaragüenses, regionales e internacionales, organizaron un evento paralelo con el patrocinio de la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas. El embajador chileno, Roberto Ampuero, afirmó que la respuesta internacional debe enfocarse en el restablecimiento de las instituciones democráticas, el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.
El Colectivo 46/2 informó que, hasta octubre de 2026, al menos 72 personas permanecían detenidas por motivos políticos en Nicaragua, de las cuales 33 estaban en condición de desaparición forzada, incluyendo 16 mujeres y 16 adultos mayores. Las organizaciones advirtieron sobre un posible subregistro debido al temor de las familias a denunciar. Desde 2018, se han cancelado las personerías jurídicas de más de 5,660 organizaciones civiles, se han clausurado o confiscado 61 medios independientes y más de 300 periodistas han sido forzados al exilio. Además, 452 personas fueron privadas de su nacionalidad.
La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá, indicó por videoconferencia que la falta de cooperación de Managua no debería impedir la preservación de pruebas, la protección de las víctimas ni las acciones judiciales.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, alertó sobre la exclusión de cerca de 2,000 abogados del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2026, sin notificación, justificación ni garantías de debido proceso. Las organizaciones también denunciaron que más de 300 defensoras de derechos humanos han sido detenidas arbitrariamente o sometidas a procesos judiciales desde 2018. En la Costa Caribe, se señaló que 75 lotes mineros afectan a 19 áreas protegidas, dos reservas de la biosfera y 18 de los 21 territorios indígenas titulados.
Fuente: Infobae
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