Colombia | El gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa un proyecto de ley de ajuste fiscal en el Congreso de la República, con el objetivo de evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas. La iniciativa, que consta de 105 artículos distribuidos en cinco pilares (recaudo, liquidez, gasto público, seguridad social y salud), debe ser aprobada antes del 16 de diciembre, fecha en que concluye el período ordinario de sesiones.
Debido a sus disposiciones tributarias, el trámite legislativo debe iniciar en la Cámara de Representantes. El proceso ordinario requiere cuatro debates: el primero en las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara, el segundo en la plenaria de esa corporación, el tercero en las comisiones económicas del Senado y el cuarto en su plenaria. Si se mantiene el ritmo habitual de sesiones, las comisiones económicas conjuntas discutirían el proyecto en la tercera y cuarta semana de noviembre, y las plenarias de Cámara y Senado lo tratarían entre finales de noviembre y la primera quincena de diciembre.
Este itinerario está sujeto a pasos previos como la publicación y reparto del texto, la designación de ponentes y la presentación de la ponencia. Las modificaciones que surjan durante la discusión podrían ajustar aún más el calendario. En caso de que la Cámara y el Senado aprueben versiones diferentes del proyecto, se requerirá una comisión de conciliación para unificar el articulado y someterlo a una nueva votación.
El Ejecutivo podría solicitar un mensaje de urgencia para acelerar el proceso, pero aún no lo ha hecho formalmente, posiblemente para consolidar acuerdos políticos y técnicos. El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la iniciativa, señalando que busca prevenir una crisis fiscal y evitar la pérdida de 360.000 empleos y una recesión, atribuyendo la situación a una “bomba de tiempo” dejada por el gobierno anterior que estallaría en 2027.
La propuesta enfrenta reparos, incluso dentro de la coalición oficialista. El expresidente Álvaro Uribe, del Centro Democrático, la bancada oficialista más grande, cuestionó la creación de nuevos gravámenes, argumentando que el empresario y el consumidor colombiano ya están “asfixiados de impuestos”. El senador Carlos Meisel, también del Centro Democrático, indicó que su bancada escuchará las explicaciones del Gobierno antes de fijar una postura, pero sin bloquear las propuestas de antemano.
Gonzalo Araujo, director de la agencia Sonar, anticipó que el texto sufrirá cambios durante su paso por el Congreso y que el Gobierno deberá negociar sobre una propuesta abierta. Araujo también señaló que los temas de salud y los incrementos en los planes de medicina prepagada podrían ser puntos de alta tensión en el debate.
Si el proyecto no completa su recorrido legislativo antes del cierre de las sesiones ordinarias, no será archivado. El artículo 162 de la Constitución permite que los proyectos que hayan recibido primer debate en alguna de las cámaras continúen en la siguiente legislatura, que iniciará el 16 de marzo de 2027. El Ejecutivo también tiene la opción de convocar a sesiones extraordinarias para debatir asuntos específicos. Araujo considera que una aprobación en 2026 requerirá que “el Congreso camine como un reloj” y que se logren acuerdos suficientes para superar las diferencias.
Fuente: Infobae
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