México | El estado de Sonora ha reformado su Constitución para elevar la protección civil a rango constitucional, un año después del incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo que causó la muerte de 24 personas y dejó 15 lesionadas. El gobernador Alfonso Durazo anunció la modificación el 1 de noviembre, con el objetivo de fortalecer la prevención y reducir la probabilidad de futuras tragedias.
La reforma establece la creación del Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, un organismo constitucional autónomo encargado de diseñar políticas con un enfoque preventivo. Este instituto contará con un consejo ciudadano y un consejo técnico asesor compuesto por especialistas. El titular del instituto será seleccionado mediante una convocatoria pública, evaluado por un comité técnico especializado y ratificado por dos terceras partes del Congreso del Estado. Durazo indicó que la reforma fue aprobada por unanimidad por los partidos en el Congreso local, el cual deberá emitir la convocatoria para la elección del titular en los próximos días.
El gobernador señaló que, tras el incendio, su administración revisó las deficiencias de un sistema de protección civil que consideraba reactivo en lugar de preventivo. Para ello, se llevó a cabo un proceso de consulta con académicos, cuerpos de emergencia, brigadistas, colegios de profesionistas, organizaciones civiles y ciudadanos. Además, el Poder Ejecutivo estatal y organizaciones de la sociedad civil colaborarán en un proyecto de Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, complementario a la reforma constitucional. Durazo también se comprometió a fortalecer la asignación presupuestal para las instituciones estatales de protección civil.
En relación con el incendio, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por posibles delitos culposos, incluyendo homicidio, lesiones y daños. El delegado de la FGR en Sonora, Sergio Méndez, informó el 5 de febrero que se abrió una carpeta de investigación y se solicitaron peritajes especializados. La investigación federal se suma a las acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que a mediados de enero imputó a ocho personas físicas y una persona moral por homicidio culposo, aborto, lesiones, daños, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal. El 27 de enero, seis personas físicas y una persona moral fueron vinculadas a proceso por el caso. Previamente, el 24 de diciembre de 2025, se libraron 25 órdenes de aprehensión, de las cuales siete fueron cumplimentadas. Sin embargo, el 27 de diciembre, un juez ordenó la libertad de cinco personas detenidas, decisión que la Fiscalía de Sonora impugnó.
Fuente: Infobae
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