Perú | El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, ha reconocido la posibilidad de corrupción dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el contexto de las investigaciones por una reyerta en el penal El Milagro, en La Libertad, que resultó en la muerte de tres internos. Álvarez declaró a Canal N que “no podemos descartar que haya corrupción. Hay malos efectivos hasta en la ONU”.
El ministro relacionó este incidente con un proceso de reestructuración en la dirección de los centros penitenciarios del país. Este proceso incluye el reemplazo de autoridades y la incorporación de personal militar en puestos de alta responsabilidad. Según Álvarez, “lo curioso es que estas denuncias se han producido cuando estamos cambiando a las autoridades, no solamente del penal El Milagro, sino progresivamente hemos cambiado a la del Lurigancho”.
En el penal de Lurigancho, se ha designado a un coronel del Ejército al mando, y se están realizando cambios en el Estado Mayor del INPE con la inclusión de oficiales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. El funcionario explicó que este reordenamiento busca modificar lo que describió como un “orden ilegítimo” que prevalecía en los centros de reclusión. Atribuyó el reciente aumento de enfrentamientos internos a la reacción de las organizaciones criminales ante la pérdida de control.
Álvarez afirmó que “al reducirse el ámbito de manejo de las bandas que operan al interior del penal, obviamente hay reyertas, peleas, porque cada vez es menos el poder que puedan tener”. Las medidas implementadas se enmarcan en una política definida por la Presidencia de la República, según consignó la agencia Andina. El ministro indicó que la presidenta ha manifestado una “decisión política tomada de restablecer el control de la autoridad del Estado en los penales”, aunque este proceso “no va a ser de la noche a la mañana” y requerirá tiempo.
En los penales donde ya se aplican los nuevos controles, se ha logrado restringir el ingreso de drogas y el acceso irrestricto de visitantes. Todas las personas que ingresan a estos centros, incluyendo proveedores de servicios de alimentación y el personal del INPE, son sometidas a revisión. “Nadie entra al penal sin haber pasado por los controles del Ejército”, aseguró Álvarez.
Respecto a la existencia de agentes irregulares en el INPE, el ministro admitió la posibilidad, pero destacó la presencia de “agentes ejemplares” en la institución. Subrayó que la corrupción histórica en los penales no es responsabilidad exclusiva del personal penitenciario. Las denuncias relacionadas con el episodio de violencia serán investigadas, conforme a lo dispuesto por la presidenta. Álvarez afirmó que “la corrupción campeaba no solamente por culpa del personal del INPE (…) sino por culpa de la falta de decisión política”.
El ministro advirtió que la recuperación del control estatal en el sistema penitenciario será un proceso prolongado, que “va a demorar varios meses, en el mejor de los casos”. Pidió que los avances se evalúen de forma progresiva y no como un resultado inmediato. El objetivo de la gestión, concluyó, es que la opinión pública perciba un avance constante y una decisión firme cada semana.
Fuente: Infobae
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