Perú | El Gobierno de Perú ha prorrogado por 60 días el estado de emergencia en cinco centros penitenciarios de alta peligrosidad, a partir del 5 de noviembre de 2026. La medida, publicada en un decreto supremo por la Presidencia del Consejo de Ministros en el Diario El Peruano, busca mitigar riesgos de fugas, actividades delictivas y alteraciones del orden interno.
Los penales afectados por esta disposición son Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. La emergencia también abarca una franja de 200 metros alrededor de cada uno de estos establecimientos.
La decisión se fundamenta en un escenario de hacinamiento penitenciario del 156% y una brecha de seguridad donde cada agente debe custodiar, en promedio, a 45 internos. La Policía Nacional del Perú (PNP) solicitó la extensión de las medidas tras evaluar la situación de estos centros, que albergan a la población carcelaria de mayor riesgo.
Los penales Miguel Castro Castro y Ancón I concentran a 559 de los 1.037 internos procesados o condenados por extorsión en Lima y Callao, y a 59 de los 88 reclusos registrados por sicariato en el área metropolitana. La evaluación policial también detectó la presencia de cabecillas de organizaciones criminales transnacionales y la incautación recurrente de celulares, dispositivos de comunicación, sustancias ilícitas y armas punzocortantes. Además, se registraron atentados con artefactos explosivos en los accesos de Ancón I y Miguel Castro Castro.
Otro factor de riesgo identificado es la existencia de asentamientos e instalaciones informales a menos de 200 metros de las cárceles, a pesar de la franja de intangibilidad establecida. El estado de emergencia incorpora este perímetro de 200 metros desde los límites externos de los recintos.
Durante el régimen anterior, las autoridades incautaron 60 armas blancas, 28 teléfonos celulares, 7 routers y sustancias ilícitas, lo que confirmó la persistencia de vulnerabilidades en los mecanismos de control ordinarios.
La PNP mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la protección de los perímetros y áreas de intangibilidad. Las operaciones incluirán requisas para decomisar objetos prohibidos, control de ingreso de personas, vigilancia del espacio aéreo y del espectro electromagnético, y acciones de inteligencia para prevenir fugas y actividades delictivas.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) conservará la administración y custodia de los cinco penales. Las intervenciones conjuntas deberán adherirse a los principios de legalidad, unidad de acción, necesidad, proporcionalidad y respeto de los derechos fundamentales.
Durante la prórroga, se restringen o suspenden los derechos a la libertad de tránsito, reunión, libertad y seguridad personales para quienes ingresen a los establecimientos o circulen por el perímetro establecido. Las medidas aplicables a los internos seguirán sujetas al Código de Ejecución Penal, sin afectar sus derechos a la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso.
Al finalizar el estado de emergencia, la PNP deberá presentar un informe detallado de las acciones ejecutadas y sus resultados al Ministerio del Interior, en un plazo de cinco días hábiles.
Fuente: Infobae
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