Argentina | Las negociaciones para la aprobación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados han entrado en un período de baja actividad, influenciadas por las elecciones legislativas en Estados Unidos y la visita del papa León XIV al país. Esta situación reduce el margen del Gobierno para avanzar con sus proyectos prioritarios antes del cierre de las sesiones ordinarias, mientras que los bloques aliados buscan negociar desde una posición de mayor fuerza.
El oficialismo ha indicado que planea convocar una sesión el 18 de noviembre para abordar la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y otra el 25 de noviembre dedicada exclusivamente al proyecto de Presupuesto 2027. Sin embargo, la semana pasada ya se registró un contratiempo cuando no se logró avanzar con el dictamen del Presupuesto, debido a que el PRO, la UCR y los bloques provinciales se negaron a firmar el despacho sin respuestas a sus demandas.
Entre los reclamos del PRO se encuentran precisiones sobre las deudas de la Nación con la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación y la propuesta de reducir el IVA al huevo y sus derivados, lo que beneficiaría la producción avícola en Entre Ríos. Tanto el PRO como la UCR y los gobiernos provinciales también exigen una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos y mayor transparencia en las concesiones viales.
Las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES buscan claridad sobre los fondos compensatorios, considerando insuficiente la partida de $503.325 millones asignada en el proyecto. Además, varios distritos esperan respuestas sobre autorizaciones para tomar deuda.
Otro punto de conflicto es el financiamiento universitario. El proyecto de Presupuesto destina poco más de $7 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama un mínimo de $11 billones. Esta situación genera divisiones internas, incluso dentro de la UCR, donde algunos se enfocan en universidades controladas por el radicalismo y otros, como Martín Lousteau de Provincias Unidas, apoyan un planteo más general en línea con el CIN.
Recientemente, un nuevo foco de conflicto surgió tras el acuerdo de la Secretaría de Transporte para aumentar los subsidios a empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el reconocimiento de una deuda de $39.000 millones. Esta decisión ha generado malestar en el interior del país. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, criticó la falta de equidad en la distribución de recursos, señalando una contradicción con el discurso de "no hay plata". En la misma línea, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, calificó la política como "discriminatoria y populista", exigiendo una distribución federal de los recursos para el transporte.
Las demoras en la ley de biocombustibles también han incrementado el descontento en Córdoba y Santa Fe. Este proyecto, que busca aumentar los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel, se ha visto trabado por reclamos de provincias productoras de biodiésel como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. Estas provincias, con apoyo del PRO, proponen mantener la participación del 6% del mercado para pequeñas y medianas empresas para evitar la concentración en grandes aceiteras.
Diputados de Provincias Unidas han señalado que las negociaciones sobre subsidios, fondos previsionales y biocombustibles deben avanzar de manera conjunta con las del Presupuesto. Ante este panorama, se prevé que el Gobierno deberá convocar a sesiones extraordinarias, al menos durante diciembre, para lograr la aprobación definitiva del Presupuesto en el Senado.
Fuente: Infobae
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