Costa Rica | La Sala Constitucional ordenó este lunes 9 de noviembre a la Asamblea Legislativa suspender la aprobación definitiva del Presupuesto Nacional de 2027. La medida cautelar urgente fue acogida tras una solicitud de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, quien advirtió sobre el posible impacto de varias disposiciones presupuestarias en el funcionamiento del Poder Judicial.
La resolución, emitida por el magistrado Fernando Cruz Castro, presidente interino de la Sala Constitucional, prohíbe al Congreso votar el proyecto en segundo debate antes del 29 de noviembre de 2026. Esta decisión afecta el expediente legislativo 25.754, que corresponde al presupuesto nacional para el próximo año, estimado en ₡12.4 billones (USD 27 mil millones), y que ya había sido aprobado en primer debate el 5 de noviembre con 31 votos a favor y 23 en contra.
La medida cautelar no declara la inconstitucionalidad del presupuesto, sino que es una orden provisional para que el tribunal examine los cuestionamientos de la Corte antes de que el proyecto se convierta en ley. La controversia se centra en cuatro normas de ejecución presupuestaria (9, 10, 11 y 12) que imponen restricciones al uso de recursos judiciales.
Entre las disposiciones cuestionadas se encuentra el condicionamiento de aproximadamente ₡29.843,8 millones (USD 65 millones), que representan el 5,6% del presupuesto del Poder Judicial, al cumplimiento de requisitos administrativos y de fiscalización. Otras normas limitan los movimientos de dinero entre partidas presupuestarias y establecen condiciones para compensaciones salariales y la ocupación de plazas vacantes.
Según la presidenta de la Corte, estas restricciones podrían afectar a unos 2.463 puestos, incluyendo 810 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El Poder Judicial también señaló riesgos para las sedes regionales de Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez, así como limitaciones para adquirir equipo necesario para las investigaciones policiales. Es importante destacar que estas son consecuencias señaladas como riesgos, no cierres o despidos ya ejecutados.
Otro punto central de la controversia es el procedimiento legislativo. La Corte argumenta que las disposiciones que afectan su organización y funcionamiento debieron someterse a consulta, conforme al artículo 167 de la Constitución Política. Esta norma exige una mayoría calificada de 38 diputados si la Asamblea Legislativa se aparta del criterio de la Corte en proyectos relacionados con el Poder Judicial. Sin embargo, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, defendió que el presupuesto debía tramitarse bajo reglas especiales y que no se requería dicha mayoría.
La Sala Constitucional deberá analizar estos cuestionamientos antes de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas. La orden obliga a los diputados a esperar la fecha indicada para la votación definitiva, mientras se estudia la consulta constitucional. El magistrado Cruz consideró el plazo del artículo 178 de la Constitución Política, que exige la aprobación definitiva del presupuesto ordinario antes del 30 de noviembre, buscando permitir el control constitucional sin impedir que el Congreso complete el procedimiento a tiempo.
La decisión de la Sala se dio el mismo día en que Patricia Vargas se reunió con la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en Casa Presidencial. Durante el encuentro, Fernández expresó su disposición a conformar una mesa técnica para revisar las normas cuestionadas y evitar que las restricciones afecten los servicios judiciales. Ambas jerarcas aclararon que el Poder Judicial no solicitaba un aumento presupuestario, sino condiciones para utilizar los recursos ya asignados. El presupuesto permanece pendiente de segundo debate, y la Sala Constitucional deberá emitir su pronunciamiento antes de que concluya el trámite legislativo.
Fuente: Infobae
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