Colombia | La Contraloría General de la República ha identificado presuntas irregularidades en tres contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), suscritos entre 2022 y 2025, durante el Gobierno de Gustavo Petro. Las observaciones, que suman más de 2.000 millones de pesos colombianos, se relacionan con la adquisición de un sistema biométrico, la elaboración de diseños para un edificio institucional y el desarrollo de una plataforma de contrainteligencia.
Uno de los hallazgos principales corresponde a un contrato de compraventa y prestación de servicios por 580 millones de pesos con Protactis S. A. S., firmado el 7 de octubre de 2022. El acuerdo buscaba la adquisición e implementación de un Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), incluyendo licenciamiento, dispositivos iOS, integración, instalación y entrenamiento. Aunque el cumplimiento físico y financiero del contrato fue certificado al 100% el 28 de diciembre de 2022, y se efectuó el pago total, la información disponible sugiere que el sistema no ha entrado en funcionamiento.
La cláusula décima primera del contrato estipulaba que el pago se realizaría por la adquisición y puesta en funcionamiento de la solución ABIS, previa certificación de satisfacción del supervisor. Sin embargo, la Contraloría cuestiona el cumplimiento de estas obligaciones, dado que el sistema no estaría operativo a pesar de la certificación y el desembolso.
Otro contrato bajo escrutinio es el número 043 de 2025, suscrito con el Grupo de Consultoría de Informática (GCI) por 1.155.620.900 pesos. Este acuerdo tenía como objetivo desarrollar e implementar un sistema de información para automatizar la recolección y análisis de datos de contrainteligencia. El plazo inicial de ejecución, previsto hasta el 26 de diciembre de 2025, fue extendido en dos ocasiones, primero hasta el 28 de febrero de 2026 y luego hasta el 17 de abril del mismo año, para permitir la culminación de pruebas y la puesta en operación.
Según un informe de supervisión del 27 de abril de 2026, el contrato registraba un avance físico del 90,43% y una ejecución financiera del 60,36%. No obstante, la Contraloría advirtió que el porcentaje de avance carecía de soportes técnicos suficientes. Además, una visita de auditoría el 27 de octubre de 2026 constató que el sistema no estaba terminado ni en operación, a pesar de que el plazo contractual había vencido. Esta situación, según el organismo de control, evidencia debilidades en la estructuración, planeación y supervisión del contrato, así como dificultades para integrar los sistemas institucionales.
La tercera observación se refiere al contrato de consultoría 044 de 2023, por 362.364.374,99 pesos, suscrito con Supreme Construcciones S. A. S. para la elaboración y coordinación de diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios para el edificio F10 de la Sede Operativa Definitiva de la DNI en Funza, Cundinamarca.
La auditoría identificó deficiencias en la calidad y suficiencia de los estudios y diseños, lo que llevó a la necesidad de modificaciones durante la ejecución de la obra. Entre los cambios se incluyeron ajustes en la resistencia del concreto, modificaciones en el espesor de muros, incorporación de elementos metálicos y escaleras tipo gato, y la sustitución de la solución sanitaria prevista por unidades portátiles. Una visita el 28 de octubre de 2026 también reveló vibraciones en la escalera principal y una caja de inspección sanitaria cubierta por el acabado del suelo. La Contraloría señaló que estas situaciones reflejan debilidades en la elaboración, coordinación y revisión de los diseños, así como en la supervisión del contrato, formulando una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.
Estos hallazgos forman parte de la auditoría financiera que la Contraloría adelanta a la DNI, correspondiente a la vigencia fiscal 2025. El organismo de control notificó al director general de la entidad, Jorge Andrés Zuluaga López, y solicitó explicaciones y soportes documentales en un plazo de cuatro días hábiles. La Contraloría busca establecer si estas situaciones representan un presunto detrimento patrimonial para los recursos públicos y si existen responsabilidades derivadas de las posibles irregularidades contractuales.
Fuente: Infobae
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