México | La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que no existen investigaciones federales abiertas por tráfico de armas contra el empresario Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, ni contra Óscar Humberto Bistrain Tenorio y Christian Pablo Varela Escobedo. Esta información fue proporcionada por un informe de la Policía Federal Ministerial (PFM) con fecha del 27 de octubre de 2026.
El informe de la PFM fue incorporado a las diligencias del Ministerio Público Federal en el marco de una investigación relacionada con el presunto uso de documentación falsificada. Dicha documentación contenía logotipos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y una firma atribuida a su titular, Raquel Buenrostro Sánchez.
Adicionalmente, la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (FEITATA), adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), emitió un oficio el 13 de octubre de 2026 (FEITATA-A-EILI-C6-139/2026). En este documento, la fiscalía especializada aclaró que Sandalio Sainz no figura como investigado, imputado o víctima en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024.
La comunicación de la FEITATA también incluyó a las empresas de seguridad privada Serprosep y Armour King, indicando que sus nombres tampoco aparecen en ninguna de esas condiciones procesales dentro del expediente mencionado. Estas aclaraciones oficiales son relevantes, ya que los nombres del empresario y las compañías de seguridad habían sido vinculados en publicaciones con posibles actividades ilícitas de tráfico y acopio de armas.
El origen de las actuaciones ministeriales se remonta a agosto de 2026, cuando la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó una denuncia. La denuncia se debió a la utilización de un oficio presuntamente apócrifo que usaba elementos gráficos y logotipos oficiales de la dependencia, así como una firma atribuida a Raquel Buenrostro Sánchez. El propósito era simular que se trataba de una comunicación institucional auténtica.
Según la denuncia, el documento falsificado se habría utilizado para aparentar revisiones administrativas contra las empresas Serprosep y Armour King, así como contra cuatro personas físicas. Se alegó que, mediante este oficio, se exigía dinero a cambio de detener o suspender los supuestos procedimientos administrativos en curso. La Secretaría Anticorrupción presentó la denuncia para que se investigara el posible uso de documentación falsa y las conductas relacionadas con la exigencia de recursos económicos.
A raíz de la denuncia, el Ministerio Público Federal inició diligencias para esclarecer los hechos, incluyendo la recopilación de información sobre las personas físicas y morales mencionadas en el oficio presuntamente falsificado. En este contexto, la Policía Federal Ministerial emitió su informe del 27 de octubre, confirmando la ausencia de investigaciones federales contra los empresarios. La investigación busca determinar el origen y uso del documento, así como las responsabilidades derivadas de estos hechos.
Fuente: Infobae
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