Estados Unidos | La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al gobierno de Donald Trump a reanudar la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas. La decisión, emitida el lunes 9 de noviembre de 2026, suspende una orden judicial previa de una jueza federal que había detenido las obras.
La medida de la Corte Suprema es temporal y estará vigente mientras el gobierno solicita una revisión del caso y el máximo tribunal decide si la concede. Hasta la fecha de la resolución, la Corte no se ha pronunciado sobre la revisión del caso.
El tribunal superior accedió a la petición del gobierno y suspendió la orden de la jueza, argumentando que es probable que el gobierno demuestre que la jueza carecía de jurisdicción para atender el reclamo de los opositores. La jueza de distrito había dictado una medida cautelar el 2 de octubre de 2026, bloqueando las exenciones del secretario de Seguridad Nacional que permitían obviar leyes ambientales y de conservación para acelerar la construcción.
La jueza había determinado que el Congreso probablemente no había autorizado exenciones tan amplias en un área con una baja tasa de detenciones de migrantes en la frontera sur. Sin embargo, la Corte Suprema respondió que la ley solo permite reclamos constitucionales, y el planteamiento de los opositores cuestionaba las facultades legales del secretario.
El proyecto del muro fronterizo en Big Bend contempla la instalación de muros de acero de 9,1 metros (30 pies) de altura en ciertas áreas, además de barreras para vehículos y la construcción de nuevos caminos. El gobierno defiende la obra argumentando la existencia de cruces ilegales e incautaciones de drogas en la zona, y que un hueco en el muro podría desviar más tránsito ilegal hacia Big Bend.
Opositores de ambos partidos políticos han expresado que el proyecto representa un gasto innecesario y una amenaza para el paisaje y la economía local. Legisladores republicanos aprobaron 46.000 millones de dólares para el proyecto a mediados del año pasado. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha reportado la construcción de hasta 19 kilómetros (12 millas) de muro por semana en toda la frontera. El gobierno ha señalado que la suspensión de las obras le generaba un costo de casi medio millón de dólares diarios.
La decisión de la Corte Suprema es una suspensión temporal y no constituye una sentencia definitiva sobre las exenciones. Si el tribunal rechaza revisar el caso, la suspensión finalizará automáticamente. En caso de que acepte la revisión, la suspensión terminará cuando la sentencia sea enviada al tribunal inferior. La orden judicial que frenaba la obra abarcaba todas las actividades en un área que incluye el Parque Nacional Big Bend, así como terrenos estatales y privados. Las exenciones se fundamentan en una ley de inmigración de 1996, que faculta al secretario de Seguridad Nacional a dispensar requisitos legales para construir barreras rápidamente en zonas con alta entrada ilegal.
Fuente: La Nación Argentina
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