Colombia | La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado al mayor retirado del Ejército Hernán Carrera Sanabria por el crimen de guerra de tortura contra los indígenas arhuacos Amado y Vicente Villafañe Chaparro. Los hechos ocurrieron en 1990 en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó la responsabilidad de Carrera Sanabria, quien deberá presentar una propuesta de reparación a las víctimas y a su comunidad.
Como parte de su reconocimiento de responsabilidad, Hernán Carrera Sanabria deberá elaborar una propuesta de reparación que incluye la recuperación del Cerro Inarwa, un sitio sagrado espiritual y de peregrinación para el pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Adicionalmente, la JEP remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) a siete antiguos integrantes de la fuerza pública. Estos exmilitares no reconocieron su responsabilidad en el secuestro, tortura, homicidio y desaparición de los mamos arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hughes Chaparro. La JEP calificó estas conductas como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Los siete exintegrantes de la fuerza pública remitidos a la UIA son el general (r) Juan Salcedo Lora, excomandante de la Segunda Brigada; los coroneles en retiro Luis Fernando Duque Izquierdo y Rafael Mejía Roa; el entonces mayor Luis Fernando Urrego Ávila; Álvaro Matallana Eslava; el capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo y Cosme García Camacho. Dos de ellos, el coronel Duque y el capitán Fernández, habían sido destituidos por la Procuraduría General de la Nación, aunque sus investigaciones fueron cerradas en la Justicia Penal Militar.
La remisión a la UIA implica que los procesos de estos siete comparecientes continuarán por la vía adversarial debido a la falta de reconocimiento de responsabilidad. La JEP también informó sobre el hallazgo de restos óseos humanos en la hacienda Bethania, lo que motivó el envío de copias a la Fiscalía para investigaciones penales y procesos de extinción de dominio.
La investigación de la JEP permitió reconstruir el contexto de los crímenes, incluyendo la estigmatización de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la participación de hacendados y empresarios del Cesar. Se identificaron lugares donde los mamos habrían permanecido secuestrados antes de ser asesinados, como una casa en la Plaza Alfonso López de Valledupar y la hacienda ganadera Bethania, en El Copey, Cesar, donde se acantonaban tropas del Ejército y grupos paramilitares.
La jurisdicción estableció que los mamos se dirigían a Bogotá para participar en la Asamblea Nacional Constituyente y defender los derechos de los pueblos étnicos. La estigmatización contra ellos se originó por el uso del territorio ancestral de la Sierra Nevada por parte de las antiguas Farc-EP para esconder armas y personas secuestradas, lo que llevó a señalamientos contra miembros del pueblo arhuaco y graves violaciones contra sus autoridades espirituales.
Durante el proceso, la Sala abrió un incidente de condicionalidad por incumplimientos en el deber de aportar verdad. En una audiencia dialógica, autoridades de los pueblos de la Sierra Nevada y las víctimas cuestionaron los aportes de los comparecientes, considerándolos insuficientes y falsos.
Con esta decisión, la JEP avanza en el esclarecimiento de hechos ocurridos hace 36 años, buscando determinar responsabilidades y responder a las demandas de verdad, justicia y reparación de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Fuente: Infobae
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