Colombia | La exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha cuestionado la propuesta de ajuste fiscal del Gobierno De la Espriella, solicitando que se priorice un plan de austeridad estatal antes de implementar nuevos impuestos. Valencia argumenta que el país enfrenta su “peor crisis fiscal en más de 30 años”, atribuyendo parte del déficit a la administración del expresidente Gustavo Petro.
Valencia expresó su preocupación por el impacto de la reforma en la clase media, señalando que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta a las personas afectarían su capacidad económica. La exsenadora criticó específicamente la propuesta de gravar con un 19% de IVA a alimentos básicos como sal, granos, frutas, verduras, café y azúcar a partir de 2028, a pesar de que la iniciativa mantendría la devolución del IVA para hogares de bajos ingresos.
Entre los puntos de la reforma que generaron críticas, Valencia mencionó el posible aumento de aportes empresariales al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a salud para empleados con salarios superiores a tres mínimos. También alertó sobre un incremento en la cotización de salud para trabajadores, lo que, a su juicio, encarecería el trabajo formal y tendría un efecto adverso en la contratación.
La exdirigente del Centro Democrático también rechazó los aumentos previstos para licores y cigarrillos, argumentando que estas medidas podrían fomentar el contrabando y reducir la recaudación. Comparó la iniciativa actual con la reforma tributaria de 2021 del gobierno de Iván Duque, que fue retirada tras protestas nacionales, y señaló que la declaración de renta comenzaría desde ingresos de $5 millones, aunque cuestionó el tratamiento de productos básicos.
Valencia también se refirió a la inclusión de IVA en insumos agropecuarios y maquinaria, como tractores, en un contexto donde el campo ha perdido 184 mil empleos en un año, según el Dane. Además, cuestionó un mecanismo para resolver controversias por combustibles importados, que contempla intereses del 4,5% y hasta diez años de plazo para pagar, citando un litigio entre la Dian y Ecopetrol por $8,2 billones. Pidió que se divulguen los nombres de las compañías beneficiadas y el impacto en los ingresos estatales.
Otro punto de preocupación para Valencia es la posibilidad de que las cajas de compensación utilicen recursos no ejecutados del fondo de desempleo para saldar deudas en salud, incluso de sus propias Entidades Promotoras de Salud (EPS). Finalmente, la exsenadora advirtió sobre un aumento del impuesto al carbono de $29.070 por tonelada a cerca de $83.300 en 2029, lo que implicaría un impacto de $840 por galón de Acpm.
A pesar de sus críticas, Valencia identificó algunos puntos favorables en la propuesta, como la reducción de la tarifa de renta empresarial al 31%, la eliminación del impuesto al patrimonio a partir de 2031 y límites al crecimiento de la nómina estatal y los contratos de prestación de servicios.
Fuente: Infobae
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