Panamá | La norma transitoria que actualmente limita el cobro por el uso de la red eléctrica a los hogares con paneles solares en Panamá vencerá el 31 de diciembre, generando incertidumbre sobre las reglas que regirán a partir de 2027. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aún no ha finalizado la propuesta que reemplazará esta regulación, según confirmó el organismo en agosto a la publicación especializada Nexo.
Actualmente, la norma establece un tope del 5% del consumo y el 16% de la demanda por distribuidora para estos clientes. La discusión se centra en un cargo por el uso de la infraestructura de la red eléctrica, que incluye postes, cables y transformadores. Los hogares con paneles solares inyectan energía a la red durante el día y la retiran por la noche, funcionando como una batería.
Según Nexo, estos usuarios pagan únicamente la diferencia entre la energía que toman y la que entregan, sin un cargo adicional por el uso de la infraestructura. Sin embargo, la red mantiene sus costos independientemente del uso de los clientes con paneles, y gran parte de este gasto se traslada a la factura por kilovatio consumido. Si los usuarios con paneles pagan menos por la misma infraestructura, el costo restante es asumido por los demás clientes, aunque no existe una cifra pública en Panamá sobre cuánto representa este traslado.
En 2024, los 7.812 clientes con paneles solares bajo la tarifa BTS (hogares y pequeños comercios) retiraron 38,8 gigavatios hora (GWh) de la red y devolvieron 27,1 GWh. Esto significa que, por cada 10 kilovatios hora (kWh) tomados, regresaron siete. Dado el número actual de clientes, el traslado de costos hacia el resto de los usuarios se considera aún reducido.
En 2019, la ASEP había descartado la creación de un cargo específico por uso de red, lo que deja abierta la pregunta sobre la fórmula que se aplicará a partir de 2027. A enero, el autoconsumo solar en Panamá superó los 7.000 usuarios, alcanzando una capacidad instalada de 192 megavatios (MW), lo que evidencia una aceleración en la adopción de energías renovables en hogares y comercios. Este crecimiento se apoya en la Ley 37 de 2013, que habilitó la generación distribuida en el país.
Paralelamente, la ASEP aprobó nuevos pliegos tarifarios de distribución y comercialización de energía que entraron en vigor el 1 de septiembre y regirán hasta el 31 de agosto de 2030. Frente a este nuevo esquema, el Ministerio de Economía y Finanzas adoptó medidas para evitar que el ajuste recaiga sobre los hogares. El Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) cubre a clientes con consumos de hasta 300 kWh, y el Fondo Tarifario de Occidente (FTO) beneficia a usuarios en Chiriquí y Bocas del Toro. Gracias a los aportes estatales a ambos fondos, la mayoría de los clientes no experimentará aumentos en su factura entre septiembre y diciembre de 2026. Para el resto, el Estado otorgará un aporte adicional para cubrir la diferencia y evitar un mayor pago.
Fuente: Infobae
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