Guatemala | La Comunidad Defensora de Derechos Humanos de Guatemala ha instado al gobierno de Bernardo Arévalo a implementar la política de protección para activistas, la cual está vigente desde hace un año, pero carece de presupuesto, un plan de trabajo y una estructura institucional operativa. La demanda fue presentada el 13 de noviembre en una conferencia de prensa en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
La política, aprobada mediante el Acuerdo Gubernativo 198-2025 y firmado el 13 de noviembre de 2025, estableció la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala 2025-2035. El Ministerio de Gobernación fue designado como ente rector y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) como coordinadora de su cumplimiento. Esta medida surgió de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de agosto de 2014, que condenó al Estado guatemalteco por la falta de justicia en el asesinato de un defensor en 2004 y ordenó la implementación de una política pública de protección.
Edgar Tomás Alejandro Godoy, representante en Xela del Comité Campesino del Altiplano, criticó la falta de acciones concretas. Afirmó que la política lleva un año en vigencia “sin ninguna ejecución, sin ninguna acción, sin ningún proyecto, sin ninguna visión, sin ninguna meta establecida y sin ningún presupuesto”. La Comunidad Defensora señaló que, aunque el sistema de emergencia 1543 cuenta con una plataforma digital, su enfoque policial no aborda los procesos de criminalización contra activistas, que a menudo ocurren en entornos digitales o mediante acciones judiciales y administrativas.
Las organizaciones reconocieron los esfuerzos de COPADEH para difundir la política, pero esperaban que el Consejo Coordinador ya estuviera operativo, con un plan de trabajo y fondos para 2027. Godoy solicitó al Ministerio de Gobernación que instale la estructura prevista con “observación, participación real y sustantiva permanente” de los integrantes de la comunidad defensora, y que se abra el diálogo para construir el Sistema de Protección Integral, el cual debía establecerse durante el primer año de la normativa.
Una segunda demanda de la Comunidad Defensora se dirige al presidente Arévalo y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que avancen con la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú ante el Congreso. Guatemala suscribió el tratado ambiental y de derechos humanos en septiembre de 2018, pero en diciembre de 2022, el gobierno de Alejandro Giammattei notificó a las Naciones Unidas que no buscaba ser Estado parte, dejando sin efecto jurídico la firma y paralizando el expediente en la Dirección de Tratados Internacionales de la cancillería.
La tercera petición exige incorporar las observaciones del gremio periodístico al mecanismo de prevención y protección de periodistas y comunicadores antes de aprobar el acuerdo gubernativo correspondiente. La organización advirtió que la cercanía del año electoral aumenta el riesgo para periodistas, defensores y personas dedicadas a la auditoría social y la observación de los comicios. La agrupación citó los asesinatos de Juan Francisco Solórzano Foppa, Evelio Lissandro López, Eduardo Matzul y Carlos Humberto Cal Ical, vinculados con denuncias de corrupción y crimen organizado en la política, y que permanecen impunes.
Solórzano Foppa, exfiscal del Ministerio Público y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, fue asesinado el 17 de octubre con más de 20 impactos de bala en el complejo deportivo Campo Marte. López, periodista comunitario maya mam y fundador de Huehue Es Noticias, fue asesinado el 2 de octubre en San Pedro Necta, Huehuetenango, tras denunciar amenazas. Cal Ical fue el primer periodista asesinado en 2026, el 26 de abril en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
Godoy instó al Ejecutivo a permitir la participación de los defensores de derechos humanos y a asignar recursos para la política, pidiendo al presidente Arévalo que “le ponga importancia y abra las puertas para todos los defensoras y defensores de derechos humanos para poder aportar y enriquecer esta ley”.
Fuente: Infobae
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