Perú | El diputado Juan Amílcar Villanueva Calderón, del partido Juntos por el Perú, ha presentado un proyecto de ley que busca obligar a las universidades privadas a ofrecer a sus estudiantes una modalidad de pensión y tasas administrativas fijas. Esta tarifa se mantendría estable durante el período regular de la carrera, según lo establecido en el plan de estudios al momento del ingreso del estudiante.
La iniciativa, que propone incorporar nuevos artículos a la Ley Universitaria, tiene como objetivo principal evitar incrementos en el costo pactado durante los semestres protegidos. Sin embargo, cada institución educativa conservaría la facultad de definir el precio inicial de este plan de tarifa fija.
El proyecto no busca congelar todas las pensiones universitarias ni establecer un monto único. Las universidades podrían mantener sus sistemas actuales de escalas o pagos por crédito, pero estarían obligadas a incluir la alternativa de precio fijo. Además, deberían informar por escrito el costo de esta modalidad, los conceptos que incluye y excluye, y cómo se diferencia de otros planes disponibles.
La propuesta permite a las universidades cobrar un precio distinto por la modalidad fija, siempre que esta diferencia sea comunicada de forma previa, expresa y comparativa antes de la matrícula. Esto permitiría a las instituciones anticipar en la tarifa inicial posibles variaciones de costos a lo largo de la carrera.
La protección de la tarifa se aplicaría a los semestres efectivamente cursados. Una modificación del plan de estudios por parte de la universidad no podría alterar la pensión acordada ni reducir el número de ciclos protegidos. No obstante, el estudiante perdería el derecho a la tarifa fija si excede la duración regular de la carrera, cambia de especialidad por decisión propia o abandona los estudios sin una reserva de matrícula justificada. En tales casos, se requeriría un nuevo contrato bajo las condiciones económicas vigentes.
Se contemplan excepciones para la pérdida del derecho a la tarifa fija. La reserva de matrícula o el retiro temporal por embarazo, incapacidad temporal o cuidado de hijos suspendería el cómputo hasta por dos semestres académicos. Las personas con discapacidad física, intelectual o psicosocial tendrían hasta cuatro semestres acumulables. La universidad dispondría de diez días hábiles para responder a estas solicitudes, considerándose aceptadas si no hay respuesta en ese plazo.
El proyecto también busca fijar las tasas por solicitudes, exámenes de aplazados, cursos dirigidos, certificados de estudios, constancias de egreso y trámites de bachiller o titulación. Se prohíbe la creación de cargos obligatorios, el cambio de denominaciones o el traslado de costos a otros conceptos para aumentar indirectamente la pensión o el tarifario.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sería el encargado de fiscalizar y sancionar los incumplimientos. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) podría reportar posibles infracciones detectadas durante sus supervisiones.
La normativa aplicaría únicamente a los estudiantes que se matriculen por primera vez después de que las universidades adapten sus documentos y sistemas de cobro. El Poder Ejecutivo tendría 90 días para reglamentar la ley, y las instituciones dispondrían de 180 días adicionales para su adaptación.
En Estados Unidos, existen esquemas de pensión fija en universidades públicas, como en Illinois desde 2004 con una garantía de matrícula por cuatro años, y en Carolina del Norte con una tarifa estable por ocho semestres. Estudios sobre estas políticas han sugerido que la previsibilidad podría resultar en precios iniciales más altos para las nuevas cohortes, ya que las instituciones podrían incorporar desde el principio los riesgos de inflación y futuros gastos.
Fuente: Infobae
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