Guatemala | Cuatro personas fallecieron en dos ataques armados registrados en el departamento de Zacapa, pocas horas después de que el Gobierno guatemalteco decretara un estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal. La medida, emitida por el presidente Bernardo Arévalo mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, busca contener la violencia atribuida a estructuras criminales y el narcotráfico.
Uno de los incidentes ocurrió la mañana del domingo 15 de noviembre en la aldea Los Limones, sector La Vegona, municipio de Gualán. Una mujer de 71 años, identificada como María Olga Solano, y su hijo Julián José Isaí García Solano, de 42 años, fueron asesinados dentro de su vivienda. Según información preliminar, hombres no identificados tocaron a su puerta y abrieron fuego cuando las víctimas salieron. Bomberos Voluntarios confirmaron el deceso de ambos por heridas de arma de fuego. Personal del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) investigan el doble homicidio, sin que hasta el momento se haya informado el móvil o la identidad de los responsables.
El segundo ataque se produjo la noche del sábado 14 de noviembre, alrededor de las 22 horas, en el caserío El Oreganal, municipio de Teculután. Dos hombres, Carlos Humberto Jiménez Nájera, de 47 años, y Miguel Ángel Hernández Martínez, de 60 años, fueron atacados a tiros en un local de venta de bebidas alcohólicas. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que el otro falleció durante su traslado en ambulancia al Hospital Regional de Zacapa, a pesar de las maniobras de soporte vital avanzado aplicadas por los Bomberos Voluntarios. La PNC y el MP han iniciado las investigaciones para esclarecer el ataque y localizar a los agresores.
El estado de sitio, que entró en vigor de inmediato, otorga facultades especiales a las fuerzas de seguridad. Estas incluyen la limitación de reuniones al aire libre, manifestaciones y espectáculos, así como la autorización para disolver concentraciones no permitidas o con portación de armas. También permite restringir la circulación vehicular en ciertas áreas, ordenar detenciones o confinamientos sin orden judicial de personas sospechosas de alterar el orden público, y realizar allanamientos sin autorización judicial en casos específicos, como la búsqueda de personas con orden de captura o la presunción de que un inmueble contiene armas o elementos relacionados con delitos.
La decisión gubernamental se tomó en respuesta a una escalada de violencia en Zacapa, que incluye el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes policiales en Río Hondo, una masacre con ocho fallecidos en Huité, y un ataque armado en el caserío El Tocino que dejó cinco víctimas mortales. El Congreso de la República deberá revisar el decreto en los tres días posteriores a su emisión para ratificarlo, modificarlo o improbarlo.
Fuente: Infobae
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