Colombia | El presidente Abelardo de la Espriella cumple 100 días en el cargo, enfrentando una compleja situación marcada por una ola de atentados, la lenta reconstrucción tras un terremoto y cuestionamientos sobre la gestión de ayudas. Su administración, que asumió el 7 de agosto, también lidia con escándalos de presunta corrupción que salpican a la oposición liderada por el expresidente Gustavo Petro.
Desde finales de octubre, ataques con explosivos y drones en Tolima, Huila, Cauca y Norte de Santander han provocado la muerte de civiles, policías y soldados. Ante esta situación, el mandatario ha advertido a los grupos armados con la frase: "Por cada atentado, un bombardeo". La seguridad fue una de las principales promesas de campaña de De la Espriella, quien llegó a la Casa de Nariño sin experiencia previa en cargos públicos.

Tres días después de su toma de posesión, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el país el 10 de agosto, afectando a Chocó, Pereira, Manizales y Cali, entre otras zonas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 335 muertos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos, con daños en 500 municipios de 16 departamentos. Aunque la respuesta inicial a la emergencia fue valorada positivamente por analistas como María Margarita Zuleta, exviceministra de Justicia, y Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la reconstrucción ha sido lenta.
El Gobierno declaró emergencia económica y creó el Fondo Milagro para financiar la reconstrucción. La Corte Constitucional avaló la emergencia el 11 de noviembre, pero limitó el uso de los recursos para cubrir el déficit fiscal. Jaime Andrés Uribe, entonces gerente del fondo, reconoció en un informe del 11 de noviembre que solo se habían preparado contratos por 7.440 millones de pesos (2,2 millones de dólares), el 1,2% de los recursos disponibles, y que no se habían recibido donaciones. Medios locales han reportado que las ayudas no han llegado a todas las víctimas o han sido tardías.

La primera dama, Ana Lucía Pineda, también ha sido objeto de cuestionamientos. Un juez le ordenó publicar las cuentas detalladas de las donaciones recibidas por su fundación para las víctimas del terremoto. Pineda declaró a ‘Telecaribe’ que los recursos no se utilizaron "porque las ayudas humanitarias fueron suficientes" y que el dinero se destinará a la fase de reconstrucción. Sin embargo, la inauguración de vallas en Caldas el 31 de octubre, sin entrega de viviendas o ayudas, generó críticas.
En el ámbito de la seguridad, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) registró 111 acciones armadas entre agosto y octubre, con 106 miembros de la Fuerza Pública heridos o asesinados, lo que representa el tercer pico mensual más alto desde 2022. Datos del Ministerio de Defensa indican un aumento en secuestros (de 54 a 84 casos) y extorsiones (de 2.437 a 2.571) entre el 7 de agosto y el 21 de octubre, en comparación con el mismo período de 2022. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) señala que, a pesar de la centralidad de la seguridad en la agenda, aún no hay una estrategia que traduzca los operativos en una reducción del poder de los grupos armados.

La oposición, liderada por Gustavo Petro, también enfrenta dificultades. Petro lanzó un “Gabinete por la Vida” para el control político del nuevo gobierno, pero su imagen se vio afectada por un escándalo. El 4 de noviembre, Deicy Jiménez lo acusó de haberle conseguido contratos estatales a cambio de favores sexuales, difundiendo un video junto al expresidente. Petro negó las acusaciones y denunció un intento de "destruirlo moralmente". La Fiscalía ha abierto indagaciones y congresistas han presentado una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara.
En el plano económico, la situación fiscal es "mucho más grave de lo que nos imaginábamos todos", según Zuleta, quien destaca la necesidad de fondos para la reconstrucción, el sistema de salud y las Fuerzas Armadas. El Gobierno presentó una ley de rescate fiscal que, según Bonilla, contradice la promesa de campaña de no incrementar impuestos y de un mayor recorte estatal. La denominada "batalla cultural", que incluye la retirada de 47 obras del Museo Nacional, también ha generado polémica, siendo calificada por Bonilla como "completamente desalineada con las preocupaciones de los colombianos de a pie".
Fuente: France24 Español
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