Colombia | El Ministerio de Educación, a cargo de Myriam Hoyos Castañeda, ha solicitado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia iniciar el proceso para derogar la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035. La ministra envió un oficio el 21 de septiembre de 2026, en el que también pide una directiva presidencial para frenar la implementación de la política mientras se tramita su eventual derogatoria.
La Resolución Conjunta 1350, que establece esta política, fue expedida el 10 de julio de 2026 por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Culturas, las Artes y los Saberes. Dicha resolución contempla la incorporación transversal de contenidos sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos en instituciones educativas, incluyendo proyectos educativos institucionales, planes de estudio, prácticas pedagógicas, formación docente y planes territoriales. Además, la política busca transformar normas sociales y de género.
Entre los argumentos presentados por la ministra Hoyos para solicitar la derogatoria, se mencionan implicaciones jurídicas y las obligaciones que la resolución impone a entidades y establecimientos educativos. Según el Ministerio de Educación, la resolución incorpora una concepción antropológica y de política pública específica en materia de sexualidad, género y derechos reproductivos, y ordena su integración en diversos ámbitos educativos.
La cartera de Educación ha expresado cuestionamientos sobre la suficiencia de las facultades legales para imponer obligaciones curriculares y pedagógicas, la posible afectación de la autonomía escolar y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. También se ha puesto en duda la capacidad de una resolución administrativa para establecer obligaciones hasta 2035, basándose en el ciclo de planeación 2022-2026. El ministerio considera que existen "serios cuestionamientos constitucionales y legales" que justifican una revisión inmediata del acto administrativo.
Adicionalmente, el Ministerio de Educación ha señalado que la política carece de una identificación suficiente de las apropiaciones, fuentes de recursos y competencias de gasto para los compromisos de planeación y financiación previstos. También cuestiona que el acto administrativo se sustente en una combinación de normas vinculantes e instrumentos, orientaciones y declaraciones de distinta naturaleza jurídica.
Como antecedente, el ministerio informó que la Sección Primera del Consejo de Estado está tramitando una demanda de nulidad contra la resolución. Esta demanda incluye cargos relacionados con falta de competencia, infracción de normas superiores, desconocimiento del régimen legal del currículo y de la autonomía escolar, expedición irregular y desviación de poder.
La ministra Hoyos ha propuesto dos medidas principales: iniciar una revisión integral de la Resolución 1350 de 2026 y su anexo técnico, con la participación de los cuatro ministerios involucrados, y expedir una directiva presidencial. Esta directiva buscaría instruir a los funcionarios del Gobierno y a los destinatarios de la política para que no se realicen nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales, pedagógicas o de implementación basadas en la resolución, y para que las entidades reporten las actuaciones ya iniciadas.
El expresidente Gustavo Petro reaccionó a la solicitud a través de su cuenta de X, criticando a la ministra de Educación. Petro advirtió que la falta de conocimientos sobre sexualidad en la niñez y adolescencia podría llevar a un "estallido de embarazos no deseados" y al aumento de adolescentes embarazadas en situación de abandono y pobreza. También relacionó la situación con el comportamiento de hombres que abandonan a sus parejas durante el embarazo y la falta de formación sexual. El exmandatario afirmó que la medida de la ministra "es quitarle los derechos reproductivos a la mujeres de Colombia".
Por su parte, la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, del Pacto Histórico, también se pronunció en X, indicando que la iniciativa del Ministerio de Educación se relaciona con la oposición a la "ideología de género". Beltrán argumentó que el objetivo es evitar que niños y niñas tomen decisiones informadas y responsables sobre sus cuerpos, lo que, según ella, afecta la autonomía y la vida digna. La representante añadió que se busca "quitar la educación sexual para después castigarnos por abortar".
Fuente: Infobae
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