Honduras | La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha recordado a Honduras la importancia de respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos al implementar sus estrategias de seguridad. Juan Carlos Monge, representante de la OACNUDH, enfatizó que la seguridad y los derechos humanos no deben considerarse objetivos opuestos.
Monge instó al Estado hondureño a perseguir a los principales responsables de las estructuras criminales, pero siempre dentro de los límites establecidos por la ley. Subrayó que el Estado tiene la obligación de aplicar medidas de seguridad que se ajusten a las normas nacionales e internacionales, independientemente de los mecanismos que el Gobierno y el Congreso Nacional decidan implementar para combatir la delincuencia.
El representante de la ONU afirmó que la protección de los derechos fundamentales es una condición necesaria para que las estrategias de seguridad cumplan su propósito de proteger a los ciudadanos, y no un obstáculo. Advirtió que la vulneración de las garantías reconocidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos implica el incumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos.
Según Monge, la inseguridad también afecta el ejercicio de derechos fundamentales, limitando el derecho a la vida, la libertad y el acceso a la justicia. Por ello, insistió en que las políticas contra la criminalidad deben considerar las garantías de la ciudadanía.
En este contexto, las autoridades hondureñas enfrentan el desafío de combatir las estructuras delictivas y responder a las demandas de seguridad de la población. Monge recalcó que, si bien el Congreso Nacional y el Gobierno tienen la facultad de establecer los mecanismos necesarios, también tienen la obligación de actuar conforme a las reglas vigentes, incluyendo la legislación hondureña y los compromisos internacionales de derechos humanos.
El funcionario planteó la necesidad de concentrar los esfuerzos de investigación y persecución penal en los principales responsables de las estructuras criminales, en lugar de enfocarse únicamente en los eslabones más bajos de esas organizaciones. Cuestionó que la respuesta estatal se concentre solo en perseguir a pequeños distribuidores de drogas y actores de menor rango, argumentando que el combate a la criminalidad requiere identificar a quienes dirigen o sostienen las redes delictivas. Reiteró que las actuaciones de las instituciones deben mantenerse dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y los acuerdos internacionales suscritos por el país.
Fuente: Infobae
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