Honduras | La Comisión Liquidadora del Gobierno de Honduras presentó este miércoles una denuncia ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción detectados en al menos 25 instituciones públicas durante la administración gubernamental anterior. El objetivo es que las autoridades investiguen los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.
Leonel Núñez, titular de la Comisión Liquidadora, explicó que las revisiones realizadas revelaron indicios de posibles anomalías en el manejo de recursos públicos, incluyendo fondos cuya utilización no ha sido debidamente aclarada. Entre las irregularidades señaladas se encuentran presuntas operaciones de malversación, el uso de dinero público para campañas políticas y transferencias de recursos sin claridad sobre sus destinatarios o su uso final.
Las instituciones y programas mencionados por Núñez incluyen la Secretaría de Transparencia, Red Solidaria y Planificación Estratégica. El funcionario enfatizó que los hallazgos no se limitan a una sola entidad, sino que abarcan diversas áreas de la administración estatal. Por ello, considera esencial que las investigaciones establezcan cómo se ejecutaron los presupuestos, quiénes autorizaron los gastos y cuál fue el destino de los fondos cuestionados.
Núñez destacó la magnitud económica de las presuntas irregularidades, aunque no precisó una cifra global. Indicó que corresponde a los organismos contralores y a las autoridades investigadoras determinar el monto exacto de los fondos involucrados, cuantificar el posible perjuicio económico para el Estado y establecer los recursos cuyo uso no pueda justificarse. Para ello, será necesario examinar contratos, órdenes de pago, registros presupuestarios e informes de ejecución.
Adicionalmente, Núñez mencionó el caso de un ciudadano venezolano que, según sus declaraciones, habría recibido más de 150 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 5,7 millones de dólares, por contrataciones durante la administración anterior. Este señalamiento plantea interrogantes sobre la naturaleza de la contratación, los servicios prestados, las condiciones económicas y los mecanismos de autorización de los desembolsos.
La denuncia ante el Ministerio Público se suma a acciones previas que la Comisión Liquidadora ya había promovido ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para examinar presuntas irregularidades atribuidas a anteriores autoridades gubernamentales.
Fuente: Infobae
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